13.900 millones para la emergencia: Concejo de Montería respalda plan inmediato, pero la magnitud del desastre exige más
La aprobación en segundo debate de la incorporación de 13.900 millones de pesos al presupuesto municipal para atender la emergencia por inundaciones en Montería representa un paso necesario, aunque claramente insuficiente frente a la dimensión del desafío que enfrenta la ciudad. La decisión del Concejo Municipal de autorizar al alcalde Hugo Kerguelén García el uso de recursos del balance evidencia consenso político en torno a la urgencia, pero también deja al descubierto la fragilidad financiera con la que se intenta contener una crisis que supera ampliamente la capacidad local.
Los recursos, provenientes de la vigencia 2025 y no ejecutados en su momento, serán destinados a acciones prioritarias del Plan de Acción de Emergencias: adecuación de vías, reforzamiento de puntos críticos del río Sinú, atención en salud pública, suministros y ayudas humanitarias. Sin embargo, como lo precisó la secretaria de Hacienda, Lupita Bello Tous, esta suma apenas cubre una fracción de un plan que supera los 200.000 millones de pesos. La proporción habla por sí sola: el municipio está operando con menos del 7 % de los recursos estimados como necesarios para enfrentar integralmente la contingencia.
Las cifras expuestas durante la sesión del Concejo dimensionan la gravedad del panorama. Dieciocho corregimientos, 47 veredas y 24 barrios urbanos afectados; más de 5.700 personas en alojamientos temporales urbanos y 914 en albergues rurales; 44.320 personas que han recibido ayuda humanitaria. No se trata de un evento aislado ni de una afectación sectorial: es una emergencia estructural que compromete el tejido social, la infraestructura y la estabilidad económica de amplias zonas del municipio.
En este contexto, el debate no puede limitarse a la aprobación presupuestal. La afirmación del secretario de Gobierno, Carlos García —“vamos a regresar a la normalidad, pero esa normalidad depende de los recursos, y con los que tenemos no somos capaces”— revela una realidad incómoda: la capacidad fiscal del municipio no está diseñada para absorber impactos de esta magnitud. Montería enfrenta un fenómeno que rebasa su autonomía financiera y exige una respuesta articulada con los gobiernos departamental y nacional.
Desde la gestión del riesgo, el mensaje ha sido claro: aún no es momento de hablar de reconstrucción, sino de contención. “Estamos en la fase de manejo de la emergencia”, subrayó el coordinador Jesús Pemberthy. Esa precisión es clave. En escenarios de desastre, la presión política suele inclinar la conversación hacia obras futuras y promesas de transformación. Sin embargo, cuando miles de personas siguen desplazadas y dependen de ayudas básicas, la prioridad es garantizar alimentación, salud, saneamiento y protección sanitaria.
No obstante, la discusión también debe ir más allá de la coyuntura. Las recurrentes inundaciones en la cuenca del río Sinú no son un fenómeno nuevo. Cada temporada invernal expone vulnerabilidades históricas en ordenamiento territorial, control hidráulico y planificación urbana. La inversión aprobada servirá para reforzar puntos críticos y alquilar maquinaria, pero si no se acompaña de una estrategia estructural de mitigación y adaptación climática, el municipio podría volver a enfrentar escenarios similares en el corto plazo.
El componente sanitario y ambiental merece especial atención. Las acciones para prevenir brotes y afectaciones ambientales son fundamentales en contextos donde el agua estancada y el hacinamiento en albergues elevan riesgos epidemiológicos. La experiencia nacional demuestra que, tras las inundaciones, suelen incrementarse enfermedades transmitidas por vectores, infecciones respiratorias y afecciones gastrointestinales. Prevenir resulta menos costoso que reaccionar ante una crisis sanitaria paralela.
La aprobación de los 13.900 millones, entonces, es una señal de voluntad institucional y de responsabilidad política frente a la urgencia. Pero también es un llamado de alerta sobre la brecha entre lo que se necesita y lo que se tiene. Si el plan integral supera los 200.000 millones de pesos, la discusión debe trasladarse al nivel nacional, donde se definen las grandes partidas de inversión y los fondos de calamidad.
En definitiva, Montería no solo enfrenta una emergencia hídrica; enfrenta una prueba de coordinación intergubernamental y de capacidad de planificación a largo plazo. La decisión del Concejo respalda la acción inmediata, pero el verdadero reto será transformar esta respuesta reactiva en una estrategia preventiva que reduzca la vulnerabilidad histórica del territorio. Porque más allá de la cifra aprobada, lo que está en juego es la resiliencia de una ciudad que cada año vuelve a medirse con la fuerza del río.
#CANAL CORDOBA
