La justicia en Córdoba actuó con mayor celeridad en el caso de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, señalados por el triple homicidio del ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus empleados Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, crimen que conmocionó a la región en septiembre de 2024 cuando los cuerpos fueron hallados en una fosa común en zona rural de Chimá.
Ayer, un juez avaló la detención de ambos, esta vez por el delito de hurto calificado y agravado por la confianza, relacionado con la administración y presunta venta irregular de 700 cabezas de ganado propiedad de Urueta. Hoy, la Fiscalía tiene previsto imputarles cargos y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario. La recaptura de Soto Garcés se produjo inmediatamente después de su liberación de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, tras un retraso administrativo. Petro Almanza también fue recapturado al salir de la cárcel La Tramacúa de Valledupar.
Ambos enfrentan, además, cargos por fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, alteración o destrucción de pruebas y el triple homicidio. El juicio está programado para iniciar el 4 de julio.
La decisión de recapturarlos ha sido recibida como un alivio por las familias de las víctimas y el gremio ganadero, que venían denunciando dilaciones procesales y temían que los acusados quedaran en libertad por vencimiento de términos. José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegan, cuestionó si estas demoras buscaban favorecer a los procesados y solicitó la designación de un agente especial del Ministerio Público para garantizar los derechos de las víctimas y la transparencia del proceso.
Este caso sigue siendo de alto perfil en Córdoba y es observado de cerca por la opinión pública, debido a su impacto en la confianza en la justicia y la seguridad rural en la región.
