Neutralización de “Alias Cóndor”: un golpe al Clan del Golfo que abre un debate sobre la seguridad en Córdoba
La reciente neutralización de alias “Cóndor” o “Condorito”, señalado cabecilla de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo, representa uno de los golpes más importantes contra esta organización criminal en el sur de Córdoba. El operativo, realizado por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se llevó a cabo en la zona rural de Tierradentro, Montelíbano, y dejó como resultado la muerte del cabecilla y de uno de sus escoltas, así como la incautación de un arsenal que evidenciaba su nivel de poder en la región.
Sin embargo, aunque este hecho genera un alivio para las comunidades históricamente afectadas por la violencia de esta estructura, también abre un debate necesario sobre la persistencia del crimen organizado y la respuesta estatal. Neutralizar a un líder no resuelve de inmediato los problemas estructurales que permiten que estos grupos se fortalezcan y controlen territorios enteros.
Alias Cóndor llevaba cerca de ocho años en el Clan del Golfo y es atribuido a él un largo prontuario criminal. Se le relaciona con la activación de campos minados que dejaron soldados muertos, emboscadas contra la Policía, secuestros de suboficiales, extorsiones a campesinos, mineros y comerciantes, además de desplazamientos forzados y amenazas constantes a la población civil. Su accionar no solo generaba terror, sino que debilitaba la presencia del Estado en zonas ya vulnerables.
Su muerte, aunque representa un avance operativo, no es suficiente para transformar la realidad de las comunidades rurales. Los habitantes de Montelíbano, Puerto Libertador, Planeta Rica y San José de Uré requieren más que golpes militares: necesitan una presencia institucional continua que incluya educación, empleo, apoyo a campesinos, infraestructura y justicia real. Sin estas bases, nuevos cabecillas pueden ocupar rápidamente el espacio dejado por los neutralizados.
En este sentido, la neutralización de alias Cóndor debe verse como un punto de partida para fortalecer las políticas de seguridad y la prevención de la violencia. La eficacia operativa del Ejército y la Fiscalía demuestra que la coordinación institucional puede generar resultados concretos. Pero el desafío es mucho más amplio: se necesita garantizar que, tras la caída de los cabecillas, las comunidades no vuelvan a quedar expuestas a retaliaciones o a nuevas estructuras emergentes.
La población merece una seguridad duradera y no episodios aislados de control estatal. El reto está en construir una estrategia integral que combine acciones militares, presencia social, inversión pública y oportunidades reales para jóvenes que, sin opciones, terminan siendo reclutados por grupos armados.
