Reforma agraria a medio camino: compras de tierra avanzan, pero el Gobierno Petro enfrenta una brecha que aún parece inalcanzable
El Gobierno de Gustavo Petro ha consolidado la compra de 446.766 hectáreas de tierra rural en un lapso de tres años, una cifra que a primera vista representa un avance considerable en materia agraria. Estas adquisiciones, por las cuales el Estado ha invertido más de 4,4 billones de pesos, se enmarcan dentro de la estrategia para transformar la estructura de propiedad en el campo colombiano y saldar una deuda histórica con las comunidades rurales.
Sin embargo, al comparar estos resultados con las metas establecidas, la magnitud del desafío se hace evidente. El Acuerdo de Paz fijó como objetivo entregar y formalizar alrededor de tres millones de hectáreas para garantizar un acceso más equitativo a la tierra. En ese contexto, el número alcanzado hasta ahora representa apenas un primer paso, insuficiente para cubrir las expectativas que rodean la promesa de una reforma agraria profunda.
Uno de los puntos que genera mayor debate es la composición y localización de los predios adquiridos. Una parte significativa de las ventas proviene de grandes gremios, entre ellos Fedegán, lo que ha despertado cuestionamientos sobre si el programa realmente está beneficiando a campesinos y poblaciones vulnerables o si, por el contrario, está reproduciendo dinámicas históricas de concentración de la tierra. Además, la mayoría de las hectáreas compradas se ubican en zonas donde la presión por el uso del suelo, el conflicto y la desigualdad persisten, planteando dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar una distribución justa.
A ello se suman los retos del proceso posterior a la compra: el registro, la formalización y la entrega efectiva a los beneficiarios. Aunque la tierra ya adquirida es un avance, la redistribución real depende de una articulación institucional sólida entre entidades como la Agencia Nacional de Tierras, los entes territoriales y los programas de sustitución de economías ilícitas. Sin estos engranajes funcionando plenamente, las hectáreas compradas podrían tardar años en llegar a manos de las familias que las necesitan.
Quienes respaldan la gestión del gobierno argumentan que este proceso debe medirse en términos de avance progresivo. Consideran que el volumen adquirido, aunque limitado frente a la meta, es una base sólida que permitirá acelerar la reforma en los próximos años. Además, resaltan que la compra de tierras es solo una parte del proceso: la formalización, los proyectos productivos y las garantías de seguridad también requieren tiempo y recursos.
Del otro lado, críticos y analistas sostienen que el ritmo actual es insuficiente para transformar el campo de manera significativa durante este periodo presidencial. Señalan que, sin cambios más profundos en la política de tierras, el impacto del programa podría diluirse y terminar limitado a cifras sin una incidencia real en la vida campesina.
En definitiva, el Gobierno Petro ha dado pasos importantes, pero el camino hacia una reforma agraria efectiva sigue siendo largo y lleno de obstáculos. Las hectáreas adquiridas representan un avance, pero la verdadera evaluación no se medirá solo por la tierra comprada, sino por la tierra entregada, titulada y utilizada para mejorar las condiciones de quienes históricamente han quedado al margen del desarrollo rural. Hasta que ese objetivo no se materialice, la reforma seguirá siendo una promesa en construcción.
