Golpe silencioso en Chimá: el desmantelamiento de un depósito del Clan del Golfo que desnuda la realidad del control criminal en Córdoba
El reciente operativo militar realizado en zona rural de Chimá, donde fue desmantelado un depósito clandestino perteneciente al Clan del Golfo, representa mucho más que un procedimiento rutinario. Es un reflejo profundo de la disputa por el control territorial que vive Córdoba y de cómo la presencia de grupos armados sigue marcando el pulso de las comunidades rurales. La incautación de municiones, chalecos multipropósito y documentos internos del grupo criminal evidencia la dimensión de sus operaciones y revela que, pese a la presión institucional, su estructura sigue siendo robusta y adaptable.
Este hallazgo no debe analizarse únicamente como un éxito operativo. Tiene implicaciones directas para la seguridad del Bajo Sinú y para la vida cotidiana de cientos de campesinos que, año tras año, han visto cómo la criminalidad se infiltra en sus caminos, comercios y proyectos de vida. Cada depósito desmantelado es una señal del poder bélico acumulado por estos grupos, y una muestra de que sus recursos no son improvisados: detrás de cada munición y cada proveedor incautado hay una red de tráfico, financiamiento y control social que sigue operando incluso frente a la presencia del Estado.
Sin embargo, el operativo también demuestra que cuando las instituciones actúan de manera coordinada —Ejército, Gaula, Fiscalía— es posible afectar de manera concreta la capacidad delictiva del Clan del Golfo. Golpes como este interrumpen su logística, frenan temporalmente la circulación de armamento y generan un mensaje claro: la fuerza pública está avanzando hacia zonas que antes parecían intocables. Aun así, la pregunta de fondo permanece: ¿estos avances pueden sostenerse en el tiempo o se quedarán en victorias aisladas dentro de un conflicto que se reinventa constantemente?
Es necesario reconocer que la criminalidad en Córdoba no desaparecerá únicamente con operativos militares. La experiencia en regiones similares del país demuestra que, cuando se elimina un depósito o se captura a un integrante, la estructura criminal tiende a reorganizarse. Muchas veces, estos decomisos provocan reacciones violentas o ajustes internos que derivan en nuevas disputas, extorsiones o amenazas contra la población civil. Por eso, cualquier acción de seguridad debe ir acompañada de presencia institucional real: proyectos sociales, educación rural, oportunidades económicas, infraestructura, justicia y apoyo comunitario.
El Estado no puede limitarse a “entrar y salir” de los territorios. Debe quedarse. Debe acompañar. Debe construir. De lo contrario, los vacíos vuelven a ser ocupados por quienes sí saben aprovechar la ausencia estatal: los grupos armados.
El decomiso en Chimá es un logro, sin duda. Pero también es un recordatorio crudo de que el Clan del Golfo mantiene una presencia silenciosa pero constante en el departamento. Y mientras no exista una estrategia integral —no solo militar, sino social y preventiva— cada golpe será importante, pero no definitivo.
Córdoba necesita más que operativos exitosos: necesita continuidad, inversión y una verdadera apuesta por recuperar la confianza de las comunidades rurales. Solo así estos golpes comenzarán a transformar la realidad, no por un día, sino para siempre.
