El incendio en El Poblado expone la fragilidad urbana y el reto permanente de la prevención en Montería
El incendio registrado en la madrugada del 17 de diciembre en el barrio El Poblado, en Montería, no solo dejó a varias familias damnificadas por la pérdida de sus viviendas y enseres, sino que volvió a encender las alarmas sobre un problema estructural que persiste en muchos sectores urbanos: la vulnerabilidad de los hogares frente a emergencias prevenibles y la necesidad de fortalecer una cultura real de gestión del riesgo.
La rápida reacción de la Alcaldía de Montería, a través de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo de Desastres, permitió activar los protocolos de emergencia y desplegar a los organismos de socorro, evitando que el hecho tuviera consecuencias humanas irreparables. Que no se registraran víctimas fatales es, sin duda, el dato más alentador dentro de un escenario marcado por la angustia y las pérdidas materiales. Sin embargo, la ausencia de fallecidos no reduce la gravedad del impacto social que deja a su paso un incendio de esta magnitud.
Las familias afectadas enfrentan ahora un panorama complejo: hogares destruidos, bienes perdidos y la incertidumbre de no saber cuándo podrán retomar una vida mínimamente estable. La caracterización que adelanta la administración municipal es un paso fundamental para dimensionar los daños y definir las ayudas necesarias, pero también pone en evidencia una realidad recurrente en la ciudad: muchas viviendas, especialmente en barrios populares, presentan condiciones de riesgo asociadas a instalaciones eléctricas deficientes, materiales inflamables y construcciones informales.
Este tipo de emergencias obliga a ir más allá del balance inmediato. El incendio en El Poblado no puede analizarse únicamente como un hecho fortuito, sino como parte de una cadena de factores que se repite en distintos sectores de Montería y del país. La precariedad en la infraestructura domiciliaria, sumada a la falta de mantenimiento y a la ausencia de controles técnicos periódicos, crea un escenario propicio para tragedias que, en muchos casos, podrían evitarse con acciones preventivas oportunas.
Desde la administración municipal se ha reiterado el llamado a extremar las medidas de prevención, especialmente en el manejo de conexiones eléctricas y elementos inflamables. No obstante, la prevención no puede recaer únicamente en la responsabilidad individual de los ciudadanos. Se requiere una estrategia integral que combine pedagogía comunitaria, inspección técnica, acompañamiento social y políticas de mejoramiento de vivienda que reduzcan los riesgos estructurales en los barrios más vulnerables.
El acompañamiento social y técnico anunciado por la Alcaldía es clave para atender la emergencia inmediata, pero también debe servir como punto de partida para una reflexión más profunda sobre la planificación urbana y la gestión del riesgo en Montería. Cada incendio, cada inundación o deslizamiento que afecta a familias humildes revela una deuda histórica con la seguridad habitacional y la protección de la vida.
El caso de El Poblado deja una lección clara: las emergencias no siempre avisan, pero sus causas suelen ser conocidas. Convertir este episodio en una oportunidad para reforzar la prevención, mejorar las condiciones de las viviendas y fortalecer la respuesta institucional puede marcar la diferencia entre repetir la tragedia o evitarla en el futuro. Mientras tanto, la ciudad acompaña a las familias damnificadas, con la esperanza de que la solidaridad y la acción pública logren transformar la pérdida en un proceso de recuperación digna y segura.
