Carreteras bajo asedio: los bloqueos y atentados que fracturan la movilidad y la economía del país
La infraestructura vial de Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos, no por falta de proyectos o inversión, sino por el impacto directo de bloqueos recurrentes y atentados contra las carreteras, una problemática que se ha convertido en un factor silencioso pero devastador para la economía, la seguridad y la cohesión territorial. Cada vía cerrada o dañada no representa solo un tramo inutilizado, sino una grieta más en la ya frágil conexión entre regiones.
En un país de geografía compleja, donde las carreteras son el principal hilo que une zonas rurales con centros urbanos, los bloqueos prolongados y los ataques a la infraestructura vial actúan como una forma de estrangulamiento económico. El transporte de alimentos, combustibles, insumos agrícolas y productos industriales depende casi exclusivamente de la red terrestre. Cuando esta se interrumpe, el impacto se traslada de inmediato a los precios, al abastecimiento y, finalmente, al bolsillo del ciudadano común.
Desde una mirada periodística, el problema va más allá del hecho puntual de una vía cerrada o un peaje atacado. Se trata de un fenómeno estructural que evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la libre movilidad, un derecho fundamental y una condición básica para el desarrollo. Los bloqueos, ya sea por protestas sociales, paros armados o acciones criminales, terminan afectando principalmente a quienes no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto: transportadores, campesinos, comerciantes y usuarios que dependen de las carreteras para sobrevivir.
La reiteración de estos hechos también golpea la confianza empresarial. Invertir en un país donde la infraestructura puede quedar fuera de servicio durante días o semanas se convierte en una apuesta riesgosa. Las concesiones viales, diseñadas para mejorar la competitividad y reducir los tiempos de viaje, ven cómo sus esfuerzos se diluyen ante daños constantes, costos adicionales de reparación y la imposibilidad de operar con normalidad. Al final, esas pérdidas no desaparecen: se trasladan al Estado, a los usuarios y a toda la cadena productiva.
Pero el impacto no es solo económico. La dimensión humana de los bloqueos y atentados es profunda y, a menudo, subestimada. Ambulancias detenidas, estudiantes que no pueden llegar a sus escuelas, trabajadores atrapados durante horas en la carretera y comunidades enteras aisladas son escenas que se repiten con alarmante frecuencia. En esas situaciones, la infraestructura deja de ser una obra de ingeniería y se convierte en una cuestión de dignidad y derechos.
El discurso que intenta justificar los bloqueos como mecanismo de presión social también merece un análisis crítico. Si bien la protesta es un derecho legítimo, el uso sistemático de las vías como herramienta de confrontación termina afectando a los mismos sectores que se dice defender. La destrucción o paralización de carreteras no resuelve las desigualdades estructurales del país; por el contrario, las profundiza al aislar territorios y encarecer la vida en las regiones más vulnerables.
Asimismo, los atentados contra la infraestructura vial revelan una persistente fragilidad en materia de seguridad. La facilidad con la que se sabotean tramos estratégicos demuestra que, en amplias zonas del país, el control territorial sigue siendo precario. Esta realidad contradice cualquier narrativa de normalidad y obliga a replantear las estrategias de protección de bienes públicos que son esenciales para el funcionamiento del Estado.
La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido fragmentada y reactiva. Se anuncian investigaciones, se prometen reparaciones y se despliegan operativos temporales, pero pocas veces se aborda el problema de fondo: la ausencia de una política integral que combine seguridad, diálogo social y presencia efectiva del Estado en los corredores viales más afectados. Sin esa visión de largo plazo, los bloqueos y atentados seguirán repitiéndose como un ciclo predecible.
En definitiva, los ataques y cierres de las carreteras no solo dañan el asfalto; erosionan la idea misma de país conectado. Defender la infraestructura vial no es una causa técnica ni exclusiva de ingenieros y transportadores, sino una prioridad nacional que involucra desarrollo, equidad y gobernabilidad. Mientras las vías sigan siendo escenario de confrontación, Colombia continuará pagando un alto precio por la desconexión, no solo territorial, sino social y económica.
#CANAL CORDOBA
