56 cuerpos recuperados en Córdoba: cuando la búsqueda de desaparecidos se convierte en un acto de memoria y dignidad
El balance entregado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Córdoba durante 2025 deja una cifra que estremece, pero también interpela: 56 cuerpos recuperados en un solo año. Más allá del número, el dato representa una radiografía silenciosa del conflicto armado y de sus secuelas, aún presentes en un territorio que sigue aprendiendo a nombrar su pasado.
Cada recuperación no es un cierre automático, ni mucho menos una reparación total. Es, en muchos casos, el inicio de un proceso largo y emocionalmente complejo para las familias que durante años han vivido entre la esperanza y la incertidumbre. El hallazgo de restos humanos no borra el dolor, pero sí ofrece una verdad mínima: la confirmación de una historia que no debe permanecer enterrada.
Desde una mirada periodística, el trabajo de la UBPD en Córdoba permite dimensionar el alcance real de la desaparición forzada, un delito que no siempre deja titulares inmediatos, pero que marca generaciones enteras. Cementerios intervenidos, fosas abiertas y búsquedas en zonas rurales revelan una violencia que no siempre fue visible, pero que dejó huellas profundas en comunidades enteras.
El departamento de Córdoba ha sido históricamente escenario de confrontaciones armadas, disputas territoriales y control social ejercido por distintos actores. En ese contexto, la desaparición se convirtió en una herramienta de terror silencioso. Recuperar cuerpos hoy no solo responde a una obligación institucional, sino a una deuda moral con las víctimas y con la sociedad.
La cifra de 56 cuerpos también invita a reflexionar sobre lo que aún falta. Por cada hallazgo, existen decenas de familias que siguen esperando noticias, llamadas o confirmaciones. La búsqueda humanitaria avanza, pero lo hace en medio de limitaciones técnicas, presupuestales y logísticas, además del desgaste emocional que implica trabajar con la ausencia como materia prima.
Es importante subrayar que la labor de la UBPD no tiene un enfoque judicial, sino humanitario. Su objetivo no es señalar culpables, sino devolver identidades, reconstruir trayectorias de vida y permitir que las familias ejerzan su derecho a saber. En un país acostumbrado a medir resultados en términos de capturas y condenas, esta misión suele ser incomprendida o subvalorada.
El impacto social de estas recuperaciones también trasciende el ámbito familiar. Cada cuerpo hallado es una pieza que se suma a la memoria colectiva del territorio. Es una evidencia de lo ocurrido, una negación del olvido y una advertencia frente a los riesgos de repetir la historia. La verdad, aunque incómoda, cumple una función preventiva.
Córdoba enfrenta ahora el reto de acompañar estos procesos con políticas públicas que no se limiten a la exhumación. Atención psicosocial, acompañamiento jurídico, espacios de memoria y pedagogía social son indispensables para que los hallazgos no queden reducidos a informes técnicos o balances de fin de año.
Al cierre de 2025, las 56 recuperaciones no pueden leerse como una cifra fría ni como un logro aislado. Son un recordatorio de que el conflicto no terminó con la firma de un acuerdo y de que la paz también se construye escuchando a los que faltan. La búsqueda continúa, porque mientras haya una familia esperando, la historia seguirá incompleta.
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