Licor adulterado en Montería: una amenaza silenciosa que obliga a reforzar controles y conciencia ciudadana
El hallazgo de licor adulterado en Montería y el consecuente refuerzo de los controles por parte de las autoridades no es un hecho aislado ni una simple anécdota policial. Se trata de una alerta seria sobre un riesgo latente para la salud pública que, en temporadas de alta demanda como fiestas decembrinas, ferias o celebraciones populares, suele crecer en silencio hasta convertirse en una posible tragedia colectiva.
La incautación de bebidas alcohólicas adulteradas pone en evidencia la persistencia de redes ilegales que aprovechan la informalidad del comercio y la falta de verificación por parte de algunos consumidores. Detrás de cada botella falsificada no solo hay evasión de impuestos o competencia desleal, sino una amenaza directa contra la vida. El consumo de licor adulterado puede provocar desde intoxicaciones severas hasta daños irreversibles en órganos vitales, ceguera e incluso la muerte, un panorama que transforma una celebración en un escenario de emergencia sanitaria.
Desde un enfoque periodístico, este episodio obliga a mirar más allá del operativo puntual. Montería, como muchas ciudades intermedias del país, enfrenta el desafío de controlar un mercado informal que se expande con rapidez, especialmente en barrios populares y zonas de alta circulación. Allí, los precios bajos y la facilidad de acceso suelen imponerse sobre la verificación de la procedencia del producto, creando un terreno fértil para la circulación de bebidas de dudosa calidad.
El accionar de las autoridades, al intensificar los controles y realizar inspecciones a establecimientos comerciales, es una señal positiva, pero también revela una realidad incómoda: el problema es recurrente. Si el licor adulterado sigue apareciendo es porque existe una cadena de producción, distribución y venta que logra mantenerse activa pese a los operativos. Esto plantea interrogantes sobre la necesidad de controles más frecuentes, sanciones más contundentes y un seguimiento real a los puntos donde ya se han detectado irregularidades.
La responsabilidad, sin embargo, no recae únicamente en el Estado. El consumidor juega un papel clave en la prevención. Comprar licor en establecimientos autorizados, revisar sellos, estampillas y etiquetas, y desconfiar de precios excesivamente bajos son acciones básicas que pueden marcar la diferencia entre una noche de celebración y una visita de urgencia al hospital. La cultura de la prevención sigue siendo una tarea pendiente en muchas comunidades.
Este caso también abre el debate sobre la educación ciudadana en salud pública. Las campañas de prevención suelen intensificarse solo cuando ocurre una tragedia, cuando ya hay víctimas. El hallazgo de licor adulterado debería servir como punto de partida para estrategias permanentes de información, que expliquen de forma clara y directa los riesgos reales del consumo de alcohol ilegal y las consecuencias que puede acarrear.
En el fondo, lo ocurrido en Montería refleja una problemática estructural: la convivencia entre economía formal e informal, la debilidad del control en ciertos sectores y la normalización del riesgo. Mientras estas condiciones persistan, el licor adulterado seguirá encontrando espacio para circular.
El reto ahora es convertir este operativo en algo más que una noticia coyuntural. Que sea una oportunidad para fortalecer la vigilancia, endurecer las sanciones y, sobre todo, generar conciencia colectiva. Porque cuando se trata de licor adulterado, el daño no siempre se ve a simple vista, pero sus efectos pueden ser devastadores y, en muchos casos, irreversibles.
#CANAL CORDOBA
