Salario mínimo y pulso político: Petro apuesta por un ingreso vital y reabre el debate sobre el modelo laboral colombiano
La definición del salario mínimo para 2026 volvió a convertir el cierre del año en un escenario de alta tensión política y económica en Colombia. El anuncio del presidente Gustavo Petro, en el que defendió un aumento significativo bajo el concepto de “salario vital”, no solo fijó una cifra, sino que reactivó un debate estructural sobre el papel del Estado en la protección del ingreso de los trabajadores, la sostenibilidad del aparato productivo y los límites del modelo económico vigente.
Lejos de tratarse de una negociación técnica más, la discusión del salario mínimo se transformó en un pulso ideológico. Para el Gobierno, el ajuste responde a una deuda histórica con millones de trabajadores cuyo ingreso no alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus hogares. Petro ha insistido en que el salario mínimo no puede seguir calculándose únicamente con base en inflación y productividad, sino que debe garantizar condiciones reales de vida digna, tal como lo plantean principios constitucionales y estándares internacionales.
Desde esta óptica, el llamado “salario vital” busca corregir una distorsión persistente: el desfase entre el costo de vida y el ingreso formal más bajo del país. Durante años, el salario mínimo ha perdido capacidad de compra frente al aumento en alimentos, transporte, vivienda y servicios públicos. El Gobierno sostiene que un incremento más ambicioso no es un capricho político, sino una medida redistributiva necesaria para reducir desigualdades y fortalecer el consumo interno como motor de la economía.
Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de resistencias. Sectores empresariales, especialmente pequeños y medianos empleadores, advierten que aumentos elevados pueden traducirse en mayores costos laborales, afectando la contratación formal y presionando la informalidad. Este argumento, recurrente en cada negociación salarial, vuelve a escena con fuerza en un contexto económico marcado por la desaceleración, la inflación persistente y la fragilidad financiera de muchas empresas.
Desde una mirada periodística, el debate revela una fractura más profunda: dos visiones opuestas sobre cómo se construye bienestar económico. Mientras el Gobierno privilegia el fortalecimiento del ingreso como herramienta de justicia social y dinamización económica, los gremios insisten en la necesidad de gradualidad y prudencia para no comprometer la estabilidad empresarial. En medio de ambos discursos quedan millones de trabajadores que, aun con empleo formal, enfrentan dificultades para sostener a sus familias.
El salario mínimo, además, tiene un impacto que trasciende a quienes lo devengan directamente. Sirve como referencia para tarifas, multas, contratos y otros indicadores económicos, lo que amplifica cualquier ajuste y lo convierte en una decisión de alto impacto macroeconómico. Por eso, cada incremento despierta temores sobre efectos secundarios, desde presiones inflacionarias hasta ajustes en precios de bienes y servicios.
Petro ha respondido a estas críticas señalando que los incrementos salariales de los últimos años no han provocado el colapso del empleo formal que algunos auguraban. Según el Ejecutivo, el problema de fondo no es el salario, sino un modelo productivo que históricamente ha descansado en mano de obra barata y baja productividad. En ese sentido, el aumento del salario mínimo se plantea como un incentivo para transformar la economía, elevar el valor del trabajo y reducir la precarización laboral.
El trasfondo político tampoco puede ignorarse. La discusión del salario mínimo se ha convertido en una vitrina del proyecto de gobierno y en un campo de confrontación con sectores que ven en estas decisiones un riesgo fiscal y económico. Así, el ajuste salarial funciona no solo como política pública, sino como mensaje político en un país profundamente polarizado.
En conclusión, el anuncio del salario mínimo para 2026 no cierra el debate: lo profundiza. Más que una cifra, el aumento refleja una disputa sobre el rumbo económico y social de Colombia. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede el salario mínimo convertirse en una herramienta efectiva para dignificar el trabajo sin poner en jaque la sostenibilidad del empleo formal? La respuesta no se medirá solo en discursos ni en cifras oficiales, sino en la capacidad real del país para equilibrar justicia social, crecimiento económico y estabilidad laboral en los meses por venir.
#CANAL CORDOBA
