Más de 57.000 cajas de documentos secretos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) dejarán de estar bajo reserva. Así lo establece el Decreto 1400, expedido el 22 de diciembre, con el que el Gobierno nacional ordena la desclasificación de archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados.
La decisión responde a una directriz del presidente Gustavo Petro, quien el pasado 17 de octubre fue enfático: su Gobierno no terminará sin una política clara de desclasificación, ligada al derecho a la verdad y a la memoria histórica.
El levantamiento de la reserva cumple órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientados al esclarecimiento de hechos, la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición.
Desde el punto de vista legal, el Presidente tiene la facultad de autorizar la desclasificación total o parcial de estos documentos, incluso antes de los 30 años de reserva, según la Ley 1621 de 2013, base jurídica del decreto.
El mandatario ya anunció que esta política de apertura no se quedará en el DAS. La DIPOL sería la próxima entidad en abrir sus archivos, bajo criterios de cuidado legal y protección de la seguridad nacional.
Para el Gobierno, el acceso a estos documentos es de interés general: permitirá avanzar en procesos judiciales, reconstruir la memoria institucional y transformar un pasado oscuro de la inteligencia estatal en una herramienta al servicio de la justicia y de los derechos de las víctimas.
TOMADO DE RIO NOTICIAS
