Delcy Rodríguez y el poder en transición: continuidad política en medio de una crisis sin precedentes

La juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela marca un punto de inflexión en la ya compleja historia política del país. No se trata únicamente de un cambio de figura en el Ejecutivo, sino de un episodio que expone con crudeza la fragilidad institucional, la tensión entre legalidad y legitimidad, y la profunda polarización que atraviesa a la sociedad venezolana. Este acontecimiento obliga a analizar si su ascenso representa una oportunidad de estabilidad o, por el contrario, la prolongación de un modelo de poder cuestionado tanto dentro como fuera del país.
En primer lugar, la llegada de Rodríguez al poder puede interpretarse como una estrategia de continuidad política. Su cercanía con el núcleo duro del chavismo y su trayectoria como vicepresidenta refuerzan la idea de que el proyecto político se mantiene intacto, pese a la ausencia forzada del presidente electo. Desde esta perspectiva, el juramento busca transmitir un mensaje de control y cohesión interna, evitando un vacío de poder que podría profundizar la crisis. Sin embargo, esta misma continuidad es vista por amplios sectores como una limitación, ya que no introduce cambios estructurales en un sistema señalado por su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales más urgentes.
Por otra parte, el contexto en el que se produce la juramentación debilita su legitimidad política. Asumir el mando en medio de una crisis internacional, con acusaciones cruzadas y una fuerte presión externa, sitúa a Rodríguez en una posición extremadamente vulnerable. Aunque el acto se ampara en interpretaciones constitucionales, la percepción de imposición y la falta de consenso nacional generan dudas sobre la aceptación real de su liderazgo. En este sentido, el poder no solo se ejerce desde la legalidad formal, sino también desde el reconocimiento ciudadano, un aspecto que hoy parece profundamente fracturado en Venezuela.
Asimismo, el discurso de Rodríguez, centrado en la soberanía y la resistencia frente a lo que considera agresiones externas, refuerza una narrativa histórica del chavismo que ha sido eficaz para cohesionar a sus seguidores, pero insuficiente para tender puentes con la oposición. Este enfoque confrontativo puede servir como mecanismo de defensa política en el corto plazo, pero corre el riesgo de aislar aún más al país en el ámbito internacional y de cerrar espacios para una salida negociada a la crisis. La gobernabilidad, en este escenario, se vuelve un desafío constante entre el control interno y la presión externa.
Finalmente, la presidencia encargada de Delcy Rodríguez plantea una pregunta de fondo: ¿es posible estabilizar un país sin redefinir el rumbo político y económico que lo condujo a su situación actual? Su mandato transitorio será evaluado no solo por su capacidad para mantener el orden, sino por su disposición a generar soluciones reales y abrir canales de diálogo. De no hacerlo, su figura podría quedar registrada en la historia como la de una administradora de la crisis y no como una líder capaz de transformarla. En ese sentido, su juramentación no cierra un capítulo, sino que abre una etapa decisiva cuyo desenlace aún es incierto.

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