La “deuda del aire”: cuando el déficit de una empresa eléctrica amenaza con llegar al recibo de millones de colombianos
La posibilidad de que los colombianos asuman, a través de un recargo en la tarifa de energía, parte de la millonaria deuda de la empresa Air-e ha abierto un debate nacional que va más allá de los números. En el centro de la discusión se encuentran la justicia tarifaria, la responsabilidad empresarial y el papel del Estado frente a un servicio público esencial que atraviesa una de sus crisis más complejas en el Caribe colombiano.
Air-e, empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en amplias zonas de la región Caribe, acumula una deuda billonaria producto de dificultades financieras, fallas estructurales y una operación que no logró responder a las exigencias técnicas y sociales del territorio que atiende. Ante el riesgo de colapso del servicio, el Gobierno Nacional ha planteado mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del suministro, entre ellos, la posibilidad de trasladar parte del pasivo a los usuarios del sistema eléctrico.
Desde la perspectiva oficial, la medida se presenta como una salida necesaria para evitar apagones, proteger la estabilidad del sistema y asegurar que millones de hogares continúen recibiendo energía. Sin embargo, el planteamiento ha generado fuertes cuestionamientos, especialmente porque supone que ciudadanos que no tuvieron injerencia en la administración de la empresa terminen asumiendo los costos de una crisis ajena a su responsabilidad directa.
El debate cobra mayor relevancia en un contexto donde el Caribe colombiano ya soporta tarifas elevadas, deficiencias en la calidad del servicio y una percepción histórica de desigualdad frente a otras regiones del país. Para muchos usuarios, la propuesta refuerza la idea de que los errores de gestión y la falta de control terminan socializándose, mientras que las decisiones empresariales fallidas no siempre tienen consecuencias claras para sus responsables.
Gremios económicos y expertos en energía han advertido que trasladar la deuda a los usuarios puede sentar un precedente delicado. Si bien reconocen la urgencia de evitar una crisis energética mayor, también subrayan que cualquier solución debe garantizar equidad, transparencia y una distribución justa de las cargas. El riesgo, señalan, es que el remedio termine afectando la confianza ciudadana en el sistema y profundizando el malestar social.
Desde el punto de vista periodístico, el caso de Air-e pone en evidencia una problemática estructural del sector eléctrico: la fragilidad financiera de los operadores, la falta de inversiones oportunas y la debilidad en los mecanismos de supervisión. La discusión no debería limitarse a quién paga la deuda, sino a cómo se llegó a este punto y qué reformas son necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La energía eléctrica no es un lujo, sino un derecho fundamental y un pilar del desarrollo económico. Por ello, cualquier decisión que impacte las tarifas debe analizarse con rigor técnico y sensibilidad social. La eventual “deuda del aire”, como ya la denominan algunos sectores, se convierte así en un símbolo de una crisis más profunda: la necesidad de replantear el modelo de prestación del servicio, fortalecer la regulación y garantizar que los errores empresariales no recaigan, una vez más, sobre el bolsillo de los ciudadanos.
En última instancia, el debate sobre Air-e no es solo financiero, sino político y social. La manera en que el Estado responda a esta situación marcará un precedente sobre cómo se gestionan las crisis de los servicios públicos en Colombia y sobre quién debe asumir los costos cuando la administración falla.
#CANAL CORDOBA
