Gobernador de Córdoba cuestiona alza del IVA a licores y advierte impacto fiscal y social en los departamentos
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, encendió las alertas frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional que contempla el aumento del IVA al 19 % para los licores, al considerar que la medida pone en riesgo la estabilidad financiera de los departamentos y vulnera principios esenciales consagrados en la Constitución Política de 1991, como la autonomía territorial y la descentralización administrativa.
Según el mandatario departamental, el incremento del impuesto tendría un impacto directo y negativo sobre las rentas propias de los departamentos, que dependen en gran medida de los ingresos generados por la comercialización legal de licores. Estos recursos, recordó Zuleta, son fundamentales para financiar sectores estratégicos como salud, educación y deporte, pilares del desarrollo social en las regiones.
El gobernador advirtió que, lejos de fortalecer el recaudo, la medida podría producir un efecto contrario al esperado, al encarecer el producto legal y abrir un mayor espacio para economías ilegales. En ese sentido, alertó sobre un posible aumento del contrabando y la producción de licor adulterado, fenómenos que históricamente han golpeado a los departamentos y que representan un riesgo no solo para las finanzas públicas, sino también para la seguridad ciudadana y la salud pública.
Zuleta Bechara subrayó que el control de estas actividades ilícitas exige recursos adicionales y capacidades institucionales que, paradójicamente, podrían verse debilitadas si se reducen las rentas departamentales. “Cuando se afecta la fuente de financiación de los territorios, también se debilita su capacidad para enfrentar problemas estructurales como el contrabando y la informalidad”, señaló el mandatario en sus declaraciones.
Desde una perspectiva institucional, el gobernador cuestionó que una decisión de esta magnitud se adopte sin un proceso amplio de concertación con los entes territoriales, principales afectados por el cambio en las reglas tributarias. A su juicio, el decreto desconoce el pacto constitucional que reconoce a los departamentos como actores clave en la administración de recursos y en la prestación de servicios esenciales, y concentra decisiones fiscales en el nivel central del Estado.
Finalmente, Zuleta hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que reconsidere la medida y se abra un espacio de diálogo con gobernadores y autoridades locales. “No se trata solo de impuestos, se trata de respetar el pacto constitucional que garantiza el equilibrio y la descentralización”, afirmó, insistiendo en la necesidad de construir soluciones fiscales que no debiliten a las regiones.
El pronunciamiento del gobernador de Córdoba se suma a las voces de otros líderes regionales que han expresado preocupación por los efectos del decreto de emergencia económica. El debate, que combina elementos fiscales, constitucionales y sociales, vuelve a poner en el centro de la discusión el delicado equilibrio entre las decisiones del Gobierno Nacional y la sostenibilidad financiera de los territorios, en un contexto de crecientes demandas sociales y restricciones presupuestales.
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