La venta de La Manuela reabre el debate sobre el destino de los bienes del narcotráfico
La histórica finca La Manuela, uno de los símbolos más reconocidos del poder que llegó a acumular el narcotráfico en Colombia, volvió al centro del debate público tras su reciente venta por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El inmueble, que perteneció a Pablo Escobar y está ubicado a orillas de la represa de El Peñol, en Guatapé, fue adjudicado por 7.700 millones de pesos, una cifra inferior a su avalúo comercial, estimado en más de 9.000 millones. El hecho ha reactivado las discusiones sobre la eficiencia, la transparencia y los criterios con los que el Estado administra y dispone de los bienes incautados al crimen organizado.
La subasta, realizada el pasado 30 de diciembre de 2025, evidenció las dificultades que enfrenta la SAE para colocar en el mercado este tipo de propiedades, cargadas de un alto valor simbólico y de un pasado asociado a la violencia. Aunque inicialmente hubo cinco interesados, solo dos cumplieron con el requisito de consignar el 20 % del valor como garantía, lo que redujo el margen de competencia y terminó incidiendo en el precio final de adjudicación. Según la entidad, el comprador es una persona jurídica colombiana que superó los filtros de legalidad y no tiene vínculos con el entorno del excapo.
Desde la dirección de la SAE, la operación fue presentada como un logro institucional. Su presidenta, Amelia Pérez Parra, sostuvo que la venta de La Manuela representa “una victoria del Estado sobre el crimen”, en la medida en que transforma un símbolo del narcotráfico en recursos que, según afirmó, permitirán cerrar ciclos de violencia y avanzar en procesos de reparación y uso legal de los activos recuperados. En la misma línea, el director comercial de la entidad, Diego Chávez, explicó que se aplicaron controles rigurosos para garantizar la procedencia lícita del dinero y la idoneidad del comprador.
Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Daniel Escobar, sobrino nieto de Pablo Escobar, cuestionó el valor de la transacción y calificó la venta como “un regalo más que una negociación real”, al considerar que el precio quedó muy por debajo del valor de mercado del inmueble. Sus declaraciones, aunque provienen de un familiar del antiguo propietario, conectaron con una inquietud recurrente en la opinión pública: si el Estado está logrando maximizar el valor de los bienes incautados o si, por el contrario, termina liquidándolos a precios que no reflejan su verdadero potencial económico.
El caso de La Manuela pone en evidencia la complejidad de administrar bienes asociados al narcotráfico. Por un lado, mantenerlos en poder del Estado implica altos costos de administración, seguridad y deterioro progresivo; por otro, venderlos por debajo de su avalúo despierta sospechas y cuestionamientos sobre la gestión pública. A esto se suma la carga histórica y simbólica de inmuebles que, como este, están ligados a uno de los capítulos más dolorosos de la violencia en Colombia.
La SAE anunció que en 2026 continuará con la venta de otros bienes vinculados al narcotráfico, tras actualizar avalúos y abrir nuevas subastas, con el objetivo de recuperar activos y destinarlos a fines legales y de beneficio social. El reto, sin embargo, seguirá siendo el mismo: lograr un equilibrio entre la necesidad de desprenderse de estos bienes, garantizar transparencia en los procesos y asegurar que el Estado obtenga el mayor beneficio posible para la sociedad.
Más allá del monto final, la venta de La Manuela reabre una discusión de fondo sobre cómo el país gestiona los vestigios materiales del narcotráfico. La forma en que se administran y disponen estos activos no solo tiene implicaciones económicas, sino también un profundo significado simbólico en la construcción de memoria, justicia y reparación en una nación que aún busca cerrar las heridas de su pasado violento.
#CANAL CORDOBA
