Camacol advierte que nuevo decreto de Vivienda podría frenar la oferta de VIS y afectar el acceso a crédito
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) lanzó una dura advertencia al Gobierno nacional tras conocerse el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que propone fijar un tope máximo de 135 salarios mínimos para la vivienda de interés social (VIS) y prohibir la indexación de los contratos ya firmados durante el año de escrituración. Para el gremio constructor, la iniciativa no solo altera las reglas de juego del sector, sino que introduce un control de precios encubierto que podría tener efectos contrarios a los que busca la política pública de vivienda.
Según Camacol, obligar a que el precio de la vivienda se pacte en pesos desde la separación del inmueble y congelarlo hasta la escrituración desconoce la dinámica real de los proyectos inmobiliarios, que suelen desarrollarse en plazos largos y con costos sujetos a variaciones macroeconómicas. En ese sentido, el gremio advirtió que la medida genera inseguridad jurídica, desincentiva la inversión privada y termina reduciendo la oferta de vivienda VIS, afectando directamente a los compradores que el Gobierno pretende proteger.
Uno de los puntos más sensibles, de acuerdo con el sector, es el impacto que tendría la prohibición de indexar contratos en un contexto de aumento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Camacol recordó que cerca del 70 % de los costos de un proyecto de vivienda corresponden a mano de obra y materiales, rubros altamente sensibles a la inflación y a los ajustes salariales. Bajo este escenario, la fijación rígida de precios podría traducirse en un encarecimiento de los nuevos proyectos entre un 10 % y 15 %, una cifra que, según el gremio, supera ampliamente las proyecciones oficiales del Gobierno.
A esta preocupación se suma la crisis que atraviesan los subsidios de vivienda. Camacol alertó que la suspensión de programas como Mi Casa Ya ha tenido un efecto directo en la demanda, con al menos 55.000 hogares que desistieron de comprar vivienda en los últimos años y más de 70.000 familias que hoy se encuentran en un limbo frente a su posibilidad de acceder a una VIS. Para el gremio, la combinación de menos subsidios, mayores costos y reglas más restrictivas configura un escenario adverso tanto para los compradores como para los constructores.
El sector también advirtió que las nuevas disposiciones podrían afectar el acceso al crédito hipotecario. La rigidez en la fijación de precios y la incertidumbre sobre la rentabilidad de los proyectos generan desconfianza en el sistema financiero, lo que podría traducirse en mayores restricciones para la financiación de proyectos VIS y para los créditos dirigidos a los hogares de menores ingresos.
Frente a este panorama, Camacol hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que el Gobierno reconsidere el alcance del decreto y adopte medidas legales y técnicas que garanticen un acceso sostenible a la vivienda, sin sacrificar la oferta ni poner en riesgo la estabilidad del sector. El gremio insistió en que la política de vivienda debe construirse a partir del diálogo con los actores del sector y con una visión integral que tenga en cuenta tanto la protección del comprador como la viabilidad económica de los proyectos.
El debate, que apenas comienza, vuelve a poner sobre la mesa un dilema recurrente en la política pública: hasta dónde debe llegar la intervención del Estado en el mercado inmobiliario sin generar distorsiones que terminen afectando a quienes se busca beneficiar. En el caso de la vivienda de interés social, la decisión será clave para definir si Colombia avanza hacia un modelo de acceso sostenible o si, por el contrario, se profundizan las barreras para que miles de familias puedan cumplir el sueño de tener casa propia.
#CANAL CORDOBA
