La gasolina empieza a bajar en Colombia: alivio para los bolsillos y prueba de fuego para la política fiscal del Gobierno
La reducción de 300 pesos por galón en el precio de la gasolina corriente, anunciada por el Ministerio de Hacienda y que entrará en vigencia el 1 de febrero, marca un punto de inflexión en la política de combustibles del Gobierno de Gustavo Petro. No se trata únicamente de un ajuste tarifario, sino de una señal política y económica que busca demostrar que el controvertido proceso de sinceramiento de precios —que llevó la gasolina por encima de los 16.000 pesos— empieza a rendir resultados tangibles para los consumidores.
Según el Ejecutivo, la medida responde a tres factores centrales: el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), la caída de los precios internacionales del petróleo y la apreciación del peso colombiano frente al dólar. En conjunto, estas variables habrían creado el espacio fiscal necesario para iniciar una reducción gradual sin poner en riesgo las finanzas públicas ni reabrir el déficit histórico del fondo.
El Gobierno sostiene que el ajuste es técnicamente sustentado. El dólar ha registrado una caída superior al 17 %, al pasar de niveles cercanos a los 4.400 pesos en 2025 a alrededor de 3.700 pesos, mientras que el precio del barril de petróleo ha disminuido cerca de 23 %, ubicándose en torno a los 62 dólares. A esto se suma el cierre progresivo del déficit del FEPC, acumulado durante años de subsidios generalizados que, según el propio presidente Petro, terminaron beneficiando de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos.
Tanto el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han insistido en que la decisión busca alinear el precio interno de la gasolina con las condiciones del mercado internacional, sin recurrir a endeudamiento ni repetir prácticas fiscales que comprometan al próximo gobierno. El mensaje es claro: el ajuste no es coyuntural ni electoral, sino parte de una estrategia de corrección estructural.
En términos prácticos, la reducción se reflejará de manera diferenciada en las principales ciudades del país. En Bogotá, donde el galón se vende actualmente a 16.491 pesos, el precio bajaría a aproximadamente 16.191 pesos. Medellín pasaría de 16.412 a 16.112 pesos; Cali, de 16.502 a 16.202; Barranquilla, de 16.126 a 15.826; y Cartagena, de 16.083 a 15.783 pesos. Ciudades como Pasto y Cúcuta, que ya presentan precios más bajos por condiciones tributarias y logísticas, también se beneficiarán del ajuste.
No obstante, el propio Gobierno ha sido enfático en advertir que esta no será una reducción abrupta. La estrategia contempla una bajada gradual, similar al esquema de incrementos escalonados que se aplicó en los últimos dos años para estabilizar el FEPC. La intención es evitar choques bruscos que afecten la planeación fiscal y la confianza de los mercados.
Analistas económicos coinciden en que aún existe margen para nuevas reducciones. Expertos como Sergio Cabrales y Felipe Campos estiman que, con los niveles actuales de petróleo y dólar, el precio “técnicamente justo” de la gasolina podría rondar los 13.000 pesos por galón. Alcanzar ese punto implicaría recortes adicionales de hasta 3.000 pesos, pero distribuidos en el tiempo para no desfinanciar al Estado ni generar volatilidad.
El anuncio también tiene una carga simbólica. Durante más de dos años, los consumidores de gasolina asumieron un sobrecosto de entre 2.000 y 3.000 pesos por galón para compensar subsidios cruzados, especialmente al diésel. La reducción anunciada representa, en ese sentido, un inicio de reversión de esa carga y una respuesta directa a las críticas por el impacto del alza en el costo de vida y en la inflación.
Sin embargo, el reto del Gobierno será sostener esta narrativa en un contexto económico volátil y políticamente sensible. La reducción llega después de un nuevo incremento aplicado en enero de 2026 y en medio de un ambiente preelectoral, lo que obliga al Ejecutivo a demostrar que las decisiones responden a criterios técnicos y no a cálculos coyunturales.
En adelante, la gasolina se convierte en un termómetro clave de la credibilidad fiscal del Gobierno. Si las reducciones continúan de manera ordenada y consistente, el Ejecutivo podrá argumentar que el sacrificio inicial valió la pena. Si no, el alivio de 300 pesos corre el riesgo de ser percibido como insuficiente frente a un largo periodo de alzas. Por ahora, la señal está dada: la gasolina empieza a bajar, y con ella se abre un nuevo capítulo en la discusión sobre subsidios, sostenibilidad fiscal y equidad económica en Colombia.
#CANAL CORDOBA
