Petro pone sobre la mesa la liquidación de las EPS intervenidas y reabre el debate sobre el modelo de salud en Colombia
La posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno volvió al centro del debate nacional tras un nuevo consejo de ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro. El anuncio, lejos de ser una declaración aislada, se apoya en un reciente concepto del Consejo de Estado que habilita el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores, siempre que no estén vencidas y no comprometan la atención de los pacientes. Esta interpretación jurídica abre una puerta que, para el Gobierno, evidencia con mayor claridad la magnitud de la crisis estructural del sistema de salud.
El alto tribunal precisó que el principio de anualidad no aplica a la UPC, dado que estos recursos no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y cuentan con una destinación específica: financiar la atención en salud de los afiliados. Sin embargo, la advertencia fue contundente: el uso de dichos recursos no puede poner en riesgo la prestación de los servicios. Esta aclaración, solicitada por el Ministerio de Salud, surgió ante la necesidad de definir si las EPS intervenidas podían emplear fondos actuales para saldar obligaciones financieras acumuladas, una práctica que ha sido común en un sistema presionado por deudas crecientes.
Para el presidente Petro, este escenario confirma lo que ha sostenido desde el inicio de su mandato: el modelo de aseguramiento financiero en salud es inviable. Durante su intervención, el mandatario calificó como una “estafa al Estado” el hecho de que las EPS destinen recursos de la atención presente para cubrir deudas del pasado, profundizando un círculo vicioso de mora, desfinanciamiento y deterioro en la calidad del servicio. En su visión, la liquidación de las EPS intervenidas no solo sería una salida administrativa, sino una decisión estructural para romper con un esquema que, según afirma, no ha mejorado los indicadores de bienestar en más de una década.
Las cifras respaldan la gravedad del diagnóstico. A mediados de 2025, las diez EPS bajo vigilancia especial acumulaban pasivos superiores a los 12,8 billones de pesos, con elevados niveles de mora frente a clínicas, hospitales y proveedores. A esto se suman deudas históricas que ascienden a cerca de 39 billones de pesos, correspondientes a 29 EPS, muchas de ellas heredadas de administraciones anteriores. Este panorama ha puesto en jaque la sostenibilidad del sistema y ha trasladado la presión financiera a la red hospitalaria, especialmente a los hospitales públicos, que enfrentan retrasos en los pagos y limitaciones operativas.
No obstante, la propuesta presidencial también genera interrogantes y resistencias. La liquidación de EPS implica procesos complejos, riesgos de traumatismos en la atención y la necesidad de garantizar una transición ordenada para millones de usuarios. Experiencias previas han demostrado que estos procesos, si no se manejan con rigor técnico y capacidad institucional, pueden traducirse en interrupciones del servicio y mayor incertidumbre para los pacientes.
Petro plantea como alternativa el fortalecimiento de la salud preventiva y una mayor intervención directa del Estado, con financiamiento a hospitales públicos y un cambio de enfoque que priorice la atención primaria sobre la intermediación financiera. Este planteamiento se alinea con la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, que busca reducir el rol de las EPS y reconfigurar el sistema alrededor de la gestión pública.
El debate, sin embargo, trasciende lo ideológico. La discusión sobre la liquidación de las EPS intervenidas pone en evidencia una pregunta de fondo: ¿es posible sostener un sistema de salud basado en aseguramiento privado cuando las deudas se acumulan y la atención se resiente? Mientras el Gobierno insiste en que la crisis demuestra el agotamiento del modelo, sectores críticos advierten que la solución no puede limitarse a la eliminación de actores sin una arquitectura institucional robusta que garantice continuidad, eficiencia y calidad.
En este contexto, el concepto del Consejo de Estado se convierte en un punto de inflexión. Más que una autorización contable, expone las tensiones entre la necesidad de sanear las finanzas y la obligación de proteger el derecho fundamental a la salud. La eventual liquidación de las EPS intervenidas marcaría uno de los cambios más profundos en el sistema sanitario colombiano en décadas, con implicaciones políticas, económicas y sociales que aún están lejos de resolverse.
#CANAL CORDOBA
