La guerra que vacía las aulas: el conflicto armado mantiene sin educación a niños rurales del Guaviare
La confrontación armada entre grupos ilegales en el departamento del Guaviare sigue dejando consecuencias que trascienden el ámbito militar y golpean de lleno a la población civil. En la vereda Cubay, jurisdicción del municipio de El Retorno, los recientes enfrentamientos entre disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ han profundizado una crisis humanitaria silenciosa pero persistente: cientos de niños y niñas de zonas rurales continúan sin acceso a la educación desde el segundo semestre del año pasado.
La situación fue advertida por monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, quien alertó sobre el impacto directo que la violencia está teniendo en la vida cotidiana de las comunidades campesinas. Más allá de los combates, el control territorial ejercido por los grupos armados ha impuesto un clima de miedo que restringe la movilidad, limita el acceso a servicios básicos y mantiene cerradas las escuelas rurales.
“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores y el segundo semestre no se pudo realizar. Se propuso suplirlo con actividades virtuales, pero muchos niños no tienen acceso a internet”, explicó el prelado, evidenciando una realidad estructural: en territorios históricamente abandonados por el Estado, la virtualidad no es una solución viable cuando no existen conectividad, dispositivos ni condiciones mínimas para el aprendizaje.
La crisis educativa no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del recrudecimiento del conflicto armado en la región. Padres de familia y líderes comunitarios denuncian que los retenes ilegales, los registros forzados y la presencia constante de hombres armados en los caminos rurales han convertido el simple desplazamiento en un riesgo. En este contexto, enviar a los niños a la escuela o permitir que los docentes ingresen a las veredas se percibe como una amenaza a la vida.
A esta problemática se suma la suspensión de programas fundamentales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que para muchos menores representa no solo un complemento nutricional, sino en algunos casos la principal comida del día. El cierre prolongado de las instituciones educativas agrava así la vulnerabilidad de la niñez rural, afectando su desarrollo integral y profundizando brechas sociales que ya eran evidentes antes del repunte de la violencia.
Aunque en las comunidades existe expectativa frente a un eventual retorno a clases, la realidad sobre el terreno es contundente: sin garantías de seguridad para maestros, estudiantes y familias, la reapertura resulta inviable. La educación, reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental, queda supeditada a la lógica de las armas y a la disputa por el control territorial, una constante que se repite en varias zonas del país.
El caso del Guaviare vuelve a poner en evidencia uno de los rostros más crudos del conflicto armado: el impacto directo sobre la infancia. Cada semestre perdido no solo representa contenidos académicos que no se dictan, sino proyectos de vida truncados, oportunidades que se esfuman y una generación que crece normalizando la guerra como parte de su cotidianidad.
Mientras el Estado debate estrategias de seguridad y procesos de paz, en las veredas de El Retorno la urgencia es clara y concreta: que los niños puedan volver a las aulas sin miedo. La persistencia de esta crisis educativa plantea un desafío de fondo para el país: sin presencia institucional efectiva y sin garantías reales de protección a la población civil, la violencia seguirá ganando terreno y la educación continuará siendo una de sus principales víctimas.
#CANAL CORDOBA
