Aranceles y energía en disputa: la tensión comercial que amenaza la relación entre Colombia y Ecuador
La relación binacional entre Colombia y Ecuador enfrenta uno de sus episodios más delicados de los últimos años, luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a todas las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026. La decisión, sustentada por Quito en supuestas fallas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, ha desatado una tormenta política, económica y diplomática cuyos efectos podrían sentirse con fuerza a ambos lados del límite fronterizo.
Más allá del discurso de seguridad, la medida tiene un impacto directo en el comercio regional y revive el fantasma de una guerra comercial entre dos países históricamente interdependientes. Ecuador no es un socio menor para Colombia: se trata del sexto destino de sus exportaciones y del segundo mercado más importante para los productos no minero-energéticos, aquellos que generan mayor valor agregado y empleo. De acuerdo con cifras del Dane, entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron los US$1.673 millones, con sectores estratégicos como medicamentos, vehículos, azúcares y café entre los más expuestos al nuevo gravamen.
Para los exportadores colombianos, un arancel del 30 % representa una barrera casi insalvable en términos de competitividad. El encarecimiento inmediato de los productos no solo amenaza con reducir volúmenes de venta, sino también con desplazar a empresas colombianas frente a competidores de otros mercados. El golpe sería especialmente duro para las pequeñas y medianas empresas, que han encontrado en Ecuador un destino natural de expansión por cercanía geográfica y afinidad comercial.
Sin embargo, el impacto no sería unilateral. Ecuador también se expone a consecuencias estructurales, particularmente en el frente energético. Colombia suministra entre el 8 % y el 10 % de la electricidad que consume el país vecino, lo que equivale a cerca de 8 gigavatios-hora diarios. Este flujo ha sido clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, incluso en momentos críticos de sequía y estrés hídrico. No en vano, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, calificó el anuncio de Noboa como una “agresión económica”, recordando que el suministro energético se ha mantenido incluso cuando las condiciones internas colombianas eran adversas.
Como reacción inmediata, el Gobierno colombiano anunció el desmonte de la resolución que permitía a empresas privadas vender energía a Ecuador, una medida que hasta ahora había servido como salvavidas técnico para mitigar eventuales déficits en embalses estratégicos como Mazar y Coca Codo. Expertos advierten que, sin este respaldo, Ecuador podría enfrentar dificultades para sostener su estabilidad energética, con efectos directos sobre el costo de la electricidad y el costo de vida en grandes centros urbanos como Quito y Guayaquil.
Desde el sector empresarial, el rechazo ha sido casi unánime. Gremios como Analdex, Anif y la Andi coincidieron en que el arancel del 30 % es perjudicial para ambas economías y advirtieron que las decisiones unilaterales suelen generar más costos que beneficios. En su análisis, los mayores afectados terminarán siendo los consumidores y el aparato productivo regional, en un contexto en el que América Latina necesita fortalecer la integración y no profundizar las barreras.
El trasfondo de esta crisis revela un problema mayor: la utilización de medidas comerciales como herramienta de presión política y de seguridad. Si bien la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal es un desafío compartido y urgente, trasladar ese conflicto al ámbito arancelario corre el riesgo de erosionar la cooperación binacional y debilitar canales institucionales que han sido clave para la estabilidad fronteriza.
En este escenario, la diplomacia aparece como la única salida viable. Escalar el conflicto podría derivar en un círculo de represalias con efectos duraderos sobre el comercio, la energía y la confianza mutua. Colombia y Ecuador no solo comparten una frontera, sino también cadenas productivas, mercados y desafíos comunes. Convertir esa interdependencia en un campo de batalla comercial sería, en última instancia, una derrota para ambos países.
#CANAL CORDOBA
