Consulta en vilo: el debate jurídico y político que rodea la posible participación de Iván Cepeda
La eventual participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente Amplio, programada para el próximo 8 de marzo, se ha convertido en un nuevo foco de tensión dentro del ya agitado panorama político colombiano. Aunque el debate ha ganado espacio en la opinión pública y en los corrillos políticos, lo cierto es que, por ahora, no existe una definición institucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no se ha pronunciado y, según su presidente, Cristian Quiroz, ni siquiera ha recibido una solicitud formal que le permita entrar a evaluar el caso.
Quiroz fue enfático en señalar que el CNE no actúa de oficio. Para que exista un pronunciamiento, debe mediar una petición concreta, ya sea de la Registraduría Nacional o de un ciudadano. Solo bajo ese escenario, explicó, el organismo podría estudiar la situación jurídica del senador. No obstante, advirtió que, de llegar la solicitud, la decisión deberá adoptarse con rapidez, teniendo en cuenta que el calendario electoral avanza y que los tiempos para definir candidaturas son cada vez más estrechos, especialmente antes de la impresión de los tarjetones.
El origen de la controversia radica en la participación previa de Cepeda en la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre. Ese antecedente ha despertado cuestionamientos sobre la posibilidad de que el senador vuelva a someter su nombre a otra consulta dentro del mismo proceso electoral. El punto neurálgico del debate está en la interpretación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, norma que establece que quienes participen en consultas quedan inhabilitados para inscribirse por partidos o coaliciones distintas en ese mismo proceso.
Aquí es donde las lecturas se dividen. Para algunos sectores, la norma es clara y cerraría la puerta a una segunda participación, pues se trataría de un doble intento de validación electoral con recursos públicos. Para otros, en cambio, la prohibición solo aplicaría cuando el aspirante cambia de colectividad, y no cuando permanece dentro de una misma línea política o en alianzas que comparten un proyecto ideológico común, como ocurre entre el Pacto Histórico y el Frente Amplio.
Más allá del debate jurídico, el caso tiene un peso político evidente. Iván Cepeda es una de las figuras más reconocidas del petrismo y cuenta con un respaldo significativo dentro del Frente Amplio, lo que explica por qué su eventual exclusión o habilitación podría alterar el equilibrio interno de esa coalición. El propio senador ha señalado que existen intereses políticos que buscan frenar su participación en la consulta de marzo, lo que añade un componente de confrontación al análisis estrictamente legal.
El tema también ha reabierto la discusión sobre el uso de recursos públicos en los mecanismos de participación democrática. La posibilidad de que un mismo candidato participe en más de una consulta dentro de un mismo proceso electoral genera inquietudes sobre la equidad y la transparencia del sistema, en un contexto donde los costos de organización electoral son elevados y recaen sobre el erario.
Desde el CNE, la postura oficial es de cautela. Quiroz insistió en que cualquier determinación deberá tomarse con responsabilidad institucional, pues no solo afecta a un candidato en particular, sino que puede sentar precedentes para futuros procesos electorales. Incluso recordó que, aunque el plazo de inscripción ya haya concluido, podrían abrirse investigaciones si se llegara a establecer que existió alguna irregularidad.
Por ahora, la situación permanece en suspenso. La definición no depende únicamente del debate público o de las posiciones políticas enfrentadas, sino de que el caso sea formalmente puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral. Hasta entonces, la consulta del Frente Amplio avanza con una incógnita clave: si Iván Cepeda estará o no en el tarjetón, y qué mensaje enviará esta decisión sobre las reglas de juego de la democracia interna en Colombia.
#CANAL CORDOBA
