Gobierno amplía la planta de la UNP en plena recta electoral y desata debate por transparencia y riesgos institucionales
La decisión del Gobierno nacional de ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) hasta 6.870 cargos, mediante los decretos 0019 y 0020 de 2026 firmados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, abrió un nuevo frente de debate político, sindical y administrativo en un momento especialmente sensible para el país: la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales.
Según la versión oficial, la reestructuración tiene como objetivo fortalecer la presencia territorial de la UNP y garantizar una ejecución más eficiente de sus funciones misionales, en un contexto de crecientes riesgos de seguridad para líderes sociales, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y actores políticos. El Gobierno sostiene que la medida permitirá formalizar cargos que durante años operaron bajo figuras temporales y ajustar la estructura interna de la entidad a las nuevas demandas de protección.
No obstante, el anuncio no tardó en generar reparos. Organizaciones sindicales como Analtraseg advirtieron sobre presuntos vacíos en los mecanismos de contratación, al señalar que los decretos no especifican con claridad cómo se realizarán los procesos de selección del nuevo personal. Para los trabajadores, esta omisión abre la puerta a decisiones discrecionales que podrían afectar a funcionarios con amplia experiencia, muchos de ellos vinculados durante años bajo contratos temporales, y que ahora temen quedar por fuera de la planta definitiva.
El cuestionamiento no es menor si se tiene en cuenta el rol estratégico de la UNP en el escenario electoral. La entidad es la encargada de brindar esquemas de seguridad a candidatos, congresistas, funcionarios y líderes políticos, por lo que cualquier duda sobre la idoneidad, formación o independencia de su personal adquiere una dimensión institucional y democrática. Sindicatos y analistas advierten que incorporar personal sin experiencia suficiente podría poner en riesgo no solo a los protegidos, sino también la credibilidad del sistema de protección estatal.
A estas preocupaciones se suma el factor político. La firma de los decretos en plena etapa preelectoral ha despertado suspicacias sobre la oportunidad de la medida, en un contexto donde la contratación pública suele estar bajo especial vigilancia para evitar el uso indebido de recursos y cargos con fines políticos. Aunque el Gobierno insiste en que la ampliación responde a necesidades técnicas y operativas, sectores críticos consideran que la falta de reglas claras alimenta la desconfianza.
Desde el Ministerio del Interior se ha defendido la legalidad de los decretos y se ha reiterado que la reestructuración busca mejorar la capacidad de respuesta de la UNP frente a amenazas crecientes en varias regiones del país. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado lineamientos detallados sobre concursos, criterios de mérito o garantías laborales para quienes ya vienen desempeñando funciones dentro de la entidad.
La controversia deja en evidencia un dilema recurrente en la administración pública colombiana: cómo fortalecer instituciones clave sin sacrificar transparencia, estabilidad laboral y confianza ciudadana. En el caso de la UNP, la discusión adquiere mayor peso por tratarse de una entidad directamente vinculada a la protección de la vida y al normal desarrollo del proceso democrático.
Mientras los decretos entran en vigor y la reestructuración avanza, los sindicatos anuncian seguimiento jurídico y los organismos de control podrían entrar a revisar el alcance de la medida. El debate, más allá del número de cargos, pone sobre la mesa la necesidad de que cualquier fortalecimiento institucional vaya acompañado de reglas claras, meritocracia y garantías que eviten que la seguridad y la democracia queden atrapadas en la controversia política.
#CABAL CORDOBA
