Gobierno crea más de mil cargos temporales en MinTrabajo a días de iniciar la Ley de Garantías
La creación de 1.141 vacantes temporales en el Ministerio de Trabajo, anunciada por el Gobierno nacional a escasos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, abrió un nuevo frente de debate político y jurídico en el país. La medida, formalizada mediante el Decreto 052 del 22 de enero de 2026, se produce en un momento especialmente sensible del calendario electoral, cuando comienzan a regir las restricciones a la contratación estatal y al aumento del gasto público con el objetivo de preservar la transparencia en la contienda democrática.
De acuerdo con el decreto, los nuevos cargos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La mayor parte de las plazas —1.000 en total— corresponde a inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mientras que las restantes se distribuirán entre profesionales especializados y universitarios. El Gobierno ha explicado que esta ampliación de la planta responde a la necesidad de fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, en un contexto marcado por la implementación de la reforma laboral aprobada en 2025, que amplió de manera significativa las responsabilidades del Ministerio.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la decisión obedece a razones técnicas y operativas. El decreto señala que la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 ha generado una sobrecarga funcional en la entidad, lo que haría indispensable reforzar el equipo humano para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas laborales, la protección de los derechos de los trabajadores y la adecuada supervisión de las nuevas disposiciones. En este sentido, el Gobierno sostiene que la medida no busca un beneficio político, sino responder a una necesidad estructural del Estado.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso de las críticas defendiendo la creación de la planta temporal como un paso necesario para cumplir con estándares internacionales. Según explicó, organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ocde recomiendan contar con al menos un inspector laboral por cada 10.000 trabajadores, una meta que Colombia aún no alcanza. Bajo esta lógica, la ampliación del personal sería una corrección histórica y no una decisión coyuntural ligada al proceso electoral.
Sin embargo, los cuestionamientos no se han hecho esperar. Sectores políticos y analistas advierten que, aunque la medida tenga sustento administrativo, su oportunidad genera suspicacias, pues fue adoptada apenas días antes de que empiecen a regir las restricciones de la Ley de Garantías, previstas para el 31 de enero. Para los críticos, este tipo de decisiones, aun cuando sean legales, pueden contradecir el espíritu de la norma, cuyo propósito es evitar el uso de la contratación estatal como herramienta de influencia política en épocas preelectorales.
El debate también ha puesto sobre la mesa la figura de las plantas temporales, una modalidad que, si bien está permitida por la legislación, suele ser observada con lupa por los organismos de control debido a los riesgos de discrecionalidad en la selección del personal y al impacto fiscal que puede generar. En este caso, la vigencia de los cargos hasta finales de 2026 implica que la medida trasciende el actual periodo electoral y compromete recursos públicos en el mediano plazo.
En medio de este escenario, se espera que entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría revisen el decreto para determinar si cumple plenamente con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Más allá del resultado de estas evaluaciones, la decisión del Gobierno vuelve a evidenciar la tensión permanente entre la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del Estado y la obligación de garantizar que, en tiempos electorales, las decisiones administrativas no se conviertan en motivo de desconfianza ciudadana ni en combustible para la polarización política.
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