Consejo de Estado pone bajo la lupa jurídica las zonas propuestas para el Clan del Golfo
El alcance legal de la política de “paz total” vuelve a quedar en el centro del debate nacional. El Consejo de Estado asumió el estudio del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional autorizó la creación de Zonas de Ubicación Temporal para integrantes del Clan del Golfo en los departamentos de Córdoba y Chocó, luego de admitir una demanda que busca anular dicho acto administrativo. La decisión abre un escenario de alta trascendencia institucional, pues pone en juego no solo una medida concreta, sino los límites jurídicos de la negociación con estructuras armadas ilegales.
Con la admisión del proceso, el alto tribunal inició el análisis de fondo sobre la legalidad del decreto y, de manera paralela, recibió una solicitud de suspensión provisional de sus efectos. Esto significa que, mientras se resuelve el litigio, la medida podría quedar congelada si el Consejo de Estado considera que existen argumentos suficientes para frenar su aplicación de manera preventiva. El caso, por tanto, no es meramente técnico, sino que tiene implicaciones directas en la implementación de la estrategia gubernamental de paz.
La demanda fue interpuesta por el abogado Mauricio Pava, quien cuestiona la base legal del decreto. Según su argumentación, el Ejecutivo no cuenta con respaldo normativo suficiente para habilitar zonas destinadas a miembros de grupos armados organizados, debido a que actualmente no existe una ley de sometimiento a la justicia vigente que autorice este tipo de figuras. En ese sentido, advierte que el Gobierno habría excedido sus facultades, vulnerando principios constitucionales como la legalidad, la separación de poderes y la reserva de ley.
El trasfondo del debate es profundo. Las Zonas de Ubicación Temporal hacen parte del diseño de la política de “paz total”, una de las principales apuestas del Gobierno para reducir la violencia y avanzar en diálogos o procesos de sometimiento con organizaciones armadas. Desde la perspectiva oficial, estas zonas serían espacios transitorios que permitirían ordenar los acercamientos y disminuir la confrontación armada en territorios históricamente afectados por el conflicto.
Sin embargo, para sectores críticos, la iniciativa plantea riesgos evidentes. La ausencia de un marco legal aprobado por el Congreso genera dudas sobre los controles, las garantías para las comunidades y el eventual tratamiento judicial de los integrantes de estos grupos. Voces políticas, académicas y sociales han advertido que, sin reglas claras, estas zonas podrían convertirse en escenarios de impunidad o en focos de inseguridad, afectando la autoridad del Estado y la confianza ciudadana.
El pronunciamiento que adopte el Consejo de Estado será clave para definir hasta dónde puede llegar el Ejecutivo mediante decretos en materia de paz y seguridad. Más allá del caso del Clan del Golfo, la decisión sentará un precedente sobre la necesidad —o no— de un respaldo legislativo expreso para este tipo de medidas dentro de la política de negociación con actores armados.
Mientras tanto, la expectativa crece en las regiones involucradas. Autoridades locales y comunidades de Córdoba y Chocó observan con atención el desarrollo del proceso, conscientes de que el fallo no solo determinará la suerte de las Zonas de Ubicación Temporal, sino que también marcará el rumbo jurídico de la “paz total” y su viabilidad dentro del marco constitucional colombiano.
#CANAL CORDOBA
