Captura de alias ‘El Mocho’ reabre el debate sobre la violencia contra la Fuerza Pública en el suroccidente del país
La captura de alias ‘El Mocho’, señalado cabecilla de una estructura de las disidencias lideradas por Iván ‘Mordisco’, marca un nuevo capítulo en la ofensiva del Estado contra los grupos armados ilegales que operan en el suroccidente colombiano. La detención se produjo en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, pocos días después del asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, un crimen que sacudió a la opinión pública por su brutalidad y por haberse cometido cuando el uniformado se encontraba en su hogar, fuera de servicio.
Según información oficial, alias ‘El Mocho’ tenía bajo su mando una estructura armada con fuerte presencia en zonas rurales del Valle del Cauca y departamentos vecinos, y es señalado como responsable directo del homicidio del patrullero. El ataque, perpetrado el domingo 25 de enero en el corregimiento de Robles, no solo acabó con la vida del uniformado, sino que dejó herido a su hijo de apenas 11 meses, un hecho que profundizó la indignación ciudadana y evidenció el nivel de degradación del conflicto armado en algunas regiones del país.
Para las autoridades, esta captura representa un golpe estratégico contra las disidencias y un mensaje de respaldo institucional a la Fuerza Pública. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, fue enfático al señalar que “quien ataca a un integrante de la Fuerza Pública se enfrenta a una persecución sin descanso”, una declaración que busca reafirmar la autoridad del Estado en territorios donde los grupos armados han intentado imponer el miedo como mecanismo de control.
No obstante, el caso también pone de relieve los desafíos persistentes en materia de seguridad rural. El asesinato de un policía en su propia vivienda, durante un periodo de descanso, revela las falencias en los esquemas de protección a los uniformados y sus familias, especialmente en zonas donde la presencia de actores armados ilegales es constante. Para analistas en seguridad, este tipo de hechos demuestra que la violencia ya no distingue entre combatientes y civiles, ni entre escenarios de confrontación y espacios familiares.
La captura de alias ‘El Mocho’ abre, además, la expectativa de que se esclarezcan otros crímenes atribuidos a la estructura que lideraba, incluyendo extorsiones, amenazas y ataques armados contra la Fuerza Pública y la población civil. En ese sentido, la labor de judicialización será clave para evitar que este resultado quede únicamente en el plano operativo y se traduzca en condenas efectivas.
Mientras el Gobierno insiste en su estrategia de confrontación contra las disidencias, el caso vuelve a plantear un debate de fondo sobre la necesidad de una presencia integral del Estado en regiones como Jamundí, donde la violencia armada convive con comunidades que reclaman seguridad, oportunidades y garantías reales de protección. La captura de un cabecilla es un paso relevante, pero insuficiente si no va acompañada de políticas sostenidas que impidan la recomposición de estas estructuras criminales.
En ese contexto, la detención de alias ‘El Mocho’ es leída como un triunfo operativo, pero también como un recordatorio de la fragilidad del orden público en amplias zonas del país. La respuesta estatal, más allá del discurso de mano dura, deberá traducirse en resultados judiciales y en una estrategia de largo plazo que evite que nuevos nombres ocupen el lugar de los capturados y perpetúen el ciclo de violencia.
#CANAL CORDOBA
