Colombia bloquea señal celular en cárceles clave para frenar extorsiones que cruzan fronteras
El Gobierno colombiano dio un paso drástico en su lucha contra la criminalidad que se gesta desde los centros penitenciarios al anunciar el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en varias cárceles del país, señaladas como focos recurrentes de extorsiones y estafas telefónicas. La medida, que se aplicará inicialmente en los establecimientos de Cómbita (Boyacá), Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas), responde a la presión creciente por frenar un fenómeno que ya no solo afecta a víctimas dentro del territorio nacional, sino que ha adquirido un alcance internacional.
El anuncio fue confirmado por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, durante un acto oficial en la cárcel La Modelo de Bogotá. Allí, el funcionario adoptó un tono contundente al dejar claro que no habrá aplazamientos ni discusiones técnicas para implementar el bloqueo. “No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas”, afirmó, subrayando la urgencia de una decisión que, según el Gobierno, se ha postergado durante años pese a las reiteradas denuncias.
La determinación se produce luego de una alerta formal del ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien denunció que desde la cárcel de Cómbita se estarían realizando llamadas fraudulentas que simulan secuestros y extorsiones a ciudadanos de varios países de América Latina. Este señalamiento encendió las alarmas diplomáticas y obligó a Colombia a asumir una respuesta inmediata frente a una problemática que, en palabras del propio Idárraga, se ha “naturalizado” de manera peligrosa en el sistema penitenciario.
El bloqueo de la señal celular apunta a cortar de raíz la principal herramienta con la que operan estas redes criminales desde prisión, aprovechando fallas estructurales en el control interno y la corrupción. No obstante, la medida también abre un debate sobre su eficacia a largo plazo, dado que experiencias previas han demostrado que, sin una vigilancia estricta y tecnología adecuada, los bloqueos pueden ser burlados mediante dispositivos clandestinos o conexiones irregulares.
Además del componente tecnológico, el Gobierno anunció la apertura de investigaciones y el inicio de contactos oficiales con las autoridades salvadoreñas para verificar la información y determinar responsabilidades. El ministro también relacionó estas prácticas delictivas con recientes atentados y asesinatos de funcionarios penitenciarios, lo que añade una dimensión de riesgo para el personal del Inpec y refuerza la necesidad de medidas integrales de seguridad.
En ese contexto, se anunció la apertura de un espacio de diálogo con los sindicatos del Inpec, con el fin de fortalecer la protección del cuerpo de custodia y vigilancia, uno de los más expuestos en medio de la ofensiva contra las economías criminales que operan tras las rejas. El bloqueo de señal, así, se presenta como una acción urgente y simbólica, pero también como una prueba para el Estado, que deberá demostrar si esta vez la decisión se sostiene en el tiempo y logra reducir un delito que ha convertido las cárceles en centros de operación criminal.
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