Multa millonaria a Coosalud reabre el debate sobre la transparencia en los grupos empresariales
La Superintendencia de Sociedades volvió a poner el foco sobre la transparencia corporativa al imponer una multa de 150 millones de pesos a la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud, tras comprobar que incumplió las obligaciones legales relacionadas con el régimen de matrices, subordinadas y grupos empresariales. La sanción, más allá de su impacto económico, plantea interrogantes de fondo sobre la manera en que algunas organizaciones revelan —o esconden— sus verdaderas estructuras de control.
De acuerdo con la investigación administrativa, Coosalud reportó de manera extemporánea e incompleta la situación de control que ejercía sobre varias sociedades vinculadas. La Superintendencia determinó que la cooperativa actúa como matriz de al menos nueve empresas, entre ellas Serenity Company IPS S.A.S., Soluinnova S.A.S., Eventravels S.A.S., Alma Servicios S.A.S. e Inversiones Portichelly S.A.S., aunque inicialmente solo había reconocido tres subordinadas. Esta omisión, según el ente de vigilancia, vulnera el deber de información que busca proteger a terceros y garantizar la claridad del entramado empresarial.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, fue enfático al advertir que la falta de publicidad sobre las estructuras de control genera riesgos significativos para quienes interactúan con las compañías, desde proveedores y empleados hasta autoridades y usuarios finales. En su concepto, conocer quién controla realmente una empresa es clave para identificar conflictos de interés, evaluar operaciones entre vinculadas, analizar la consolidación de estados financieros y dimensionar los riesgos en eventuales procesos de insolvencia.
El caso Coosalud también pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las organizaciones con estructuras complejas, especialmente en sectores sensibles como el de la salud, donde la transparencia corporativa adquiere un valor adicional por el impacto social de sus decisiones. La información clara y oportuna no es un simple trámite administrativo, sino una herramienta esencial para la supervisión estatal y la confianza pública.
Si bien la Superintendencia aclaró que la cooperativa cuenta con los recursos legales para ejercer su derecho a la defensa, la sanción envía un mensaje contundente al sector empresarial: el incumplimiento de las normas de revelación no será tratado como una falta menor. La autoridad reiteró que continuará ejerciendo su labor de vigilancia para asegurar el debido trámite de las actuaciones administrativas y el respeto por las reglas del juego.
En ese sentido, la multa a Coosalud se convierte en un llamado de atención para las empresas que operan bajo esquemas de control y subordinación. Más que un castigo aislado, el caso refleja la necesidad de fortalecer la cultura de cumplimiento y de asumir la transparencia como un pilar indispensable para la estabilidad del sistema empresarial y la protección de todos los actores involucrados.
#CANAL CORDOBA
