Benedetti arremete contra la Corte Constitucional y acusa a la justicia de blindar los intereses de los más ricos
La suspensión del decreto 1930 de 2025 por parte de la Corte Constitucional no solo abrió un nuevo capítulo en el debate jurídico sobre los límites del poder excepcional del Ejecutivo, sino que también encendió una fuerte confrontación política entre el Gobierno y el alto tribunal. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con dureza a la decisión judicial y aseguró que esta termina favoreciendo a los sectores más acomodados del país, en detrimento de las políticas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
Según Benedetti, la medida cautelar adoptada por la Corte frena una herramienta clave del Gobierno para fortalecer la recaudación fiscal y garantizar recursos destinados a programas sociales. Desde su perspectiva, la declaratoria de emergencia económica no buscaba concentrar poder, sino responder a una realidad fiscal que, a juicio del Ejecutivo, exige decisiones rápidas y contundentes para corregir desigualdades históricas. En ese sentido, el ministro sostuvo que la suspensión del decreto limita la capacidad del Estado para cumplir con su promesa de justicia social.
Las declaraciones del jefe de la cartera política reflejan la inconformidad del Gobierno frente a lo que considera una interpretación restrictiva de la Constitución por parte del tribunal. Benedetti fue más allá al señalar que, en la práctica, la decisión judicial termina “protegiendo a los más ricos de Colombia”, al impedir la expedición de impuestos con fuerza de ley que, según el Ejecutivo, habrían tenido un enfoque redistributivo y progresivo.
No obstante, desde el ámbito jurídico, la decisión de la Corte se sustenta en la necesidad de preservar el equilibrio entre los poderes públicos y evitar que los estados de excepción se conviertan en mecanismos permanentes para legislar por fuera del Congreso. El alto tribunal ha insistido en que la emergencia económica es una figura constitucional válida, pero de uso estrictamente limitado y sometido a controles rigurosos, especialmente cuando involucra asuntos sensibles como el sistema tributario.
La controversia pone en evidencia una tensión estructural entre el Ejecutivo y el Judicial, que se ha intensificado en el actual contexto político. Mientras el Gobierno defiende su agenda de reformas y su enfoque de redistribución del ingreso, la Corte reivindica su papel como garante de la Carta Política y de los principios democráticos, entre ellos la separación de poderes y la reserva de ley en materia fiscal.
Este choque de visiones también tiene un fuerte componente simbólico. Para el Ejecutivo, la suspensión del decreto representa un obstáculo en su lucha contra la desigualdad y una señal de resistencia institucional frente a su proyecto político. Para la Corte, en cambio, se trata de una decisión preventiva destinada a evitar efectos irreversibles y a garantizar que cualquier reforma estructural, especialmente en materia de impuestos, se tramite por las vías democráticas ordinarias.
En medio de este pulso, el país observa con atención las implicaciones de la medida cautelar, que congela temporalmente los efectos del decreto mientras se adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad. El fallo definitivo será determinante no solo para el futuro de la emergencia económica planteada por el Gobierno, sino también para redefinir los márgenes de acción del Ejecutivo en momentos de crisis y el alcance del control judicial sobre las decisiones excepcionales del poder político.
#CANAL CORDOBA
