Fiscalía acusa a exdirector del Dapre por presunto esquema de sobornos millonarios en el Congreso
La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en uno de los escándalos de corrupción más sensibles del actual Gobierno al formalizar la acusación contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El exfuncionario fue señalado de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el poder Ejecutivo, el Congreso y el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con el ente acusador, entre septiembre y octubre de 2023 González Merchán habría desempeñado un rol clave en la presunta entrega de sobornos por un total de 4.000 millones de pesos a altos dignatarios del Legislativo, con el objetivo de influir en decisiones políticas estratégicas. La Fiscalía sostiene que el exdirector del Dapre habría dado la orden directa al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, para canalizar los pagos ilícitos.
La investigación detalla que 3.000 millones de pesos habrían sido destinados al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. Paralelamente, otros 1.000 millones de pesos habrían sido trasladados hasta Montería, Córdoba, por el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, con destino al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas.
Uno de los elementos más graves del caso es el origen de los recursos. Según la Fiscalía, el dinero utilizado para los presuntos sobornos provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira, una región históricamente afectada por la escasez hídrica y la desatención estatal. Este hecho agrava el impacto social y ético del escándalo, al tratarse de fondos concebidos para atender una emergencia humanitaria.
El proceso contra González Merchán se suma así al entramado de investigaciones que rodean a la Ungrd, entidad que en los últimos meses ha sido epicentro de múltiples denuncias por presunta malversación de recursos y utilización política de contratos públicos. Varios exfuncionarios y congresistas ya enfrentan procesos judiciales, lo que configura un panorama de corrupción estructural que trasciende responsabilidades individuales.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea serias preguntas sobre los mecanismos de control interno del Estado y la transparencia en la ejecución de recursos destinados a la atención de desastres. También reabre el debate sobre la influencia indebida en el Congreso y la utilización de dineros públicos para asegurar respaldos políticos, una práctica que socava la legitimidad democrática y la confianza ciudadana.
La Fiscalía anunció que continuará presentando pruebas ante la Corte Suprema de Justicia para sustentar la responsabilidad penal de González Merchán y de otros presuntos implicados. Mientras tanto, el proceso judicial se perfila como una prueba clave para el sistema de justicia colombiano, no solo en términos de sanción individual, sino como un mensaje frente al uso indebido del poder y de los recursos del Estado en los más altos niveles de la administración pública.
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