Bukele responde a las críticas y reabre el debate global sobre seguridad y derechos humanos
Las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a los cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos volvieron a encender un debate que trasciende las fronteras de su país: ¿cómo equilibrar la seguridad ciudadana con la protección irrestricta de los derechos humanos? La polémica se reactivó luego de una respuesta del mandatario a la prensa internacional, pronunciada durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Consultado por una periodista de Chilevisión Noticias sobre las críticas al llamado “método Bukele”, el presidente salvadoreño defendió con firmeza su estrategia de seguridad, centrada en una política de mano dura contra las pandillas. Bukele reconoció que todas las personas, incluidos los delincuentes, tienen derechos humanos, pero cuestionó que —según su percepción— el foco de las denuncias se concentre casi exclusivamente en quienes han cometido crímenes graves, dejando de lado a las víctimas de décadas de violencia.
En su intervención, el mandatario sostuvo que en El Salvador se ha producido un cambio de prioridades, al asegurar que su gobierno ha puesto en primer lugar los derechos de los ciudadanos que no delinquen. Para Bukele, la legitimidad de las críticas de algunas organizaciones estaría condicionada a su actuación pasada frente a los crímenes masivos cometidos por estructuras criminales, a las que responsabiliza de homicidios, violaciones y otros actos de extrema violencia que marcaron al país durante años.
La contundencia de sus palabras no pasó desapercibida. En pocas horas, el fragmento de la conferencia se difundió ampliamente en plataformas digitales, generando reacciones encontradas. Para sus seguidores, el presidente expresó lo que muchos ciudadanos sienten tras años de vivir bajo el control del crimen organizado: que el Estado, por primera vez, se puso del lado de las víctimas. Para sus detractores, en cambio, el discurso refuerza una narrativa que podría justificar abusos de poder y vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales.
El llamado “método Bukele” ha sido objeto de atención internacional por los resultados que el Gobierno destaca en materia de reducción de homicidios y control territorial. Sin embargo, también ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales que advierten sobre detenciones masivas, falta de garantías judiciales y condiciones carcelarias cuestionables. Esta dualidad ha convertido a El Salvador en un caso de estudio para gobiernos que buscan respuestas rápidas frente a la inseguridad, pero también en un foco de preocupación para defensores de derechos humanos.
El contexto internacional añade un matiz adicional a la controversia. La presencia del presidente electo de Chile en el escenario y la pregunta de un medio extranjero reflejan que el debate ya no se limita a la política interna salvadoreña, sino que influye en discusiones regionales sobre cómo enfrentar la criminalidad sin erosionar los principios democráticos y el Estado de derecho.
Más allá del tono confrontacional, las declaraciones de Bukele plantean un dilema de fondo: la tensión entre el derecho a la seguridad y la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos sin distinción. Mientras el Gobierno salvadoreño insiste en que su enfoque responde a una demanda ciudadana legítima, las organizaciones críticas sostienen que la protección de los derechos no puede ser selectiva ni condicionada.
En ese cruce de narrativas, El Salvador continúa siendo observado de cerca por la comunidad internacional. El debate, lejos de cerrarse, se profundiza, y deja abierta una pregunta central para la región: si el éxito en la reducción del crimen puede sostenerse en el tiempo sin comprometer las garantías fundamentales que definen a una democracia.
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