Córdoba bajo el agua: la ola invernal vuelve a poner en jaque a comunidades y autoridades
La fuerte ola invernal que azota al departamento de Córdoba ha dejado al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad de amplios sectores del territorio frente a las crecientes de ríos y quebradas. Municipios como Canalete y varias zonas del Alto y Bajo San Jorge enfrentan una emergencia que no solo afecta viviendas e infraestructura, sino que golpea directamente la base productiva de cientos de familias que dependen del campo para subsistir.
En Canalete, el desbordamiento del río que atraviesa el municipio provocó inundaciones en barrios urbanos y zonas rurales, obligando a numerosas familias a proteger como pueden sus pertenencias ante el avance del agua. La escena se repite en sectores del San Jorge, donde más de ocho kilómetros de áreas productivas quedaron anegadas, afectando cultivos, corrales y viviendas construidas en zonas de alto riesgo. Las lluvias persistentes y el aumento sostenido del caudal de los ríos mantienen en alerta a las comunidades, que temen que la situación se agrave en los próximos días.
Más allá del impacto inmediato, la emergencia evidencia un problema estructural que se repite cada temporada de lluvias: la falta de obras de mitigación efectivas y de una planificación territorial que tenga en cuenta el comportamiento natural de los afluentes. Para muchas familias cordobesas, las inundaciones no son un evento excepcional, sino una amenaza recurrente que compromete su seguridad y su sustento año tras año.
Ante este panorama, el senador Antonio Correa solicitó de manera urgente la intervención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El llamado incluyó el envío de ayudas humanitarias, así como el despliegue de personal técnico para evaluar los daños y coordinar la atención a los damnificados. Según el congresista, la respuesta de la UNGRD fue inmediata y existe el compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y garantizar que la asistencia llegue de forma oportuna.
La gestión de la emergencia, sin embargo, no se limita a la entrega de ayudas. Correa insistió en la necesidad de una acción articulada entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales y los gobiernos locales, subrayando que la magnitud de la situación exige coordinación y presencia institucional constante en el territorio. En este tipo de crisis, la rapidez en la respuesta puede marcar la diferencia entre la contención del daño y una tragedia mayor.
Mientras tanto, los organismos de gestión del riesgo permanecen en alerta máxima, monitoreando los niveles de los ríos y las condiciones climáticas en los sectores más vulnerables. La prioridad, según las autoridades, es prevenir nuevas afectaciones y proteger la vida de las comunidades, especialmente en zonas donde el agua continúa avanzando de manera silenciosa pero persistente.
La emergencia en Córdoba no solo pone a prueba la capacidad de reacción del Estado, sino que reabre el debate sobre la necesidad de políticas de prevención más sólidas frente a los efectos del cambio climático. Las lluvias intensas y prolongadas ya no son episodios aislados, sino parte de un patrón que exige respuestas de largo plazo. Mientras esas soluciones estructurales llegan, cientos de familias esperan que la ayuda prometida se traduzca en alivio inmediato y que la solidaridad, tanto institucional como ciudadana, se haga presente en uno de los momentos más difíciles para el departamento.
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