Córdoba se alista para las urnas: casi 30 mil ciudadanos fueron designados como jurados de votación para las elecciones al Congreso
El calendario electoral avanza y con él se activa una de las piezas clave del engranaje democrático: los jurados de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil designó 29.480 ciudadanos en el departamento de Córdoba para cumplir esta función durante las elecciones de Congreso de la República del próximo 8 de marzo de 2026, un proceso que pone a prueba no solo la logística institucional, sino también el compromiso ciudadano con la democracia.
De acuerdo con la entidad, 26.002 jurados fueron asignados como principales y 3.478 como remanentes, seleccionados mediante un sistema de sorteos a partir de listados suministrados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones políticas. El procedimiento contó con el acompañamiento de organismos de control, autoridades locales, la Fuerza Pública y delegados de los partidos, en un intento por blindar la transparencia y legitimidad del proceso.
Más allá de la cifra, la designación de jurados refleja la magnitud del reto electoral en un departamento que históricamente ha enfrentado desafíos en materia de participación, pedagogía electoral y confianza institucional. Los jurados no solo reciben y cuentan votos: son la primera línea de garantía para que el ejercicio democrático se realice con orden, legalidad y credibilidad. Su rol resulta determinante en un contexto político cada vez más polarizado y bajo mayor escrutinio ciudadano.
Consciente de esta responsabilidad, la Registraduría estableció jornadas obligatorias de capacitación entre el 16 de febrero y el 4 de marzo, en diferentes franjas horarias, con el fin de asegurar que los jurados conozcan a fondo los procedimientos, formularios, protocolos y deberes que deberán cumplir el día de las elecciones. La información sobre el lugar, fecha y hora de estas capacitaciones puede consultarse a través de la aplicación aVotar o en la página web oficial de la entidad.
El carácter obligatorio de estas jornadas no es un detalle menor. La Registraduría reiteró que ser jurado de votación es un deber ciudadano, y que la inasistencia injustificada o el abandono del cargo durante la jornada electoral puede acarrear sanciones severas, que van desde multas de hasta diez salarios mínimos legales vigentes hasta la destitución del cargo para servidores públicos. El mensaje es claro: la democracia no es un favor, es una responsabilidad compartida.
No obstante, el Estado también reconoce el esfuerzo que implica asumir esta tarea. Los jurados, tanto del sector público como privado, tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, que deberá ser otorgado dentro de los 45 días hábiles posteriores a la elección. Se trata de un incentivo que busca equilibrar el deber cívico con el reconocimiento al tiempo y compromiso de los ciudadanos.
En un país donde la desconfianza en las instituciones suele marcar el debate político, el papel de los jurados adquiere una relevancia especial. Su correcta capacitación y desempeño no solo garantizan elecciones transparentes, sino que también contribuyen a fortalecer la legitimidad del sistema democrático. Córdoba, con casi 30 mil ciudadanos llamados a esta tarea, se prepara así para una jornada en la que cada voto contará, pero también cada jurado.
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