Petro pone en la mira a Urrá y reabre el debate sobre el impacto de las represas en el bajo Sinú
La emergencia por las inundaciones que azotan a Córdoba y a amplios sectores del Caribe colombiano no solo ha dejado miles de familias damnificadas, sino que también ha reactivado un viejo y profundo debate sobre el modelo de desarrollo, la gestión del agua y el papel de las grandes represas en ecosistemas altamente frágiles. En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro lanzó uno de sus pronunciamientos más contundentes al afirmar que “nunca debió construirse Urrá”, señalando directamente a la hidroeléctrica como un factor que habría incidido en la magnitud de los daños registrados en el bajo río Sinú.
Las palabras del mandatario no pasan inadvertidas. En un contexto marcado por lluvias intensas, suelos saturados y comunidades enteras bajo el agua, Petro cuestiona decisiones históricas que privilegiaron la generación energética sobre la protección ambiental y social. Según el jefe de Estado, el manejo del embalse, sumado al incremento de los aportes hídricos y a la pérdida de la capacidad natural de regulación de la cuenca, habría contribuido a agravar las inundaciones que hoy afectan viviendas, cultivos, vías y medios de subsistencia.
El señalamiento del presidente va más allá de la coyuntura climática. Pone sobre la mesa una discusión estructural sobre cómo se han concebido y operado las grandes obras de infraestructura en Colombia, especialmente en regiones donde los ríos, humedales y ciénagas cumplen un papel vital como amortiguadores naturales frente a crecientes y temporadas invernales extremas. En el caso del Sinú, múltiples estudios y voces locales han advertido durante años que la alteración de los flujos naturales del río y la reducción de zonas de expansión hídrica aumentan la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas.
Petro insistió en que la administración de los embalses debe ser revisada bajo criterios técnicos, ambientales y sociales, y no únicamente desde la lógica de la rentabilidad o la seguridad energética. Su mensaje apunta a un cambio de enfoque: priorizar la vida y la protección de las poblaciones por encima de intereses económicos, en un país cada vez más expuesto a los efectos del cambio climático y a eventos extremos más frecuentes e intensos.
La situación en Córdoba es un reflejo de esa fragilidad. Las inundaciones han dejado miles de damnificados, pérdidas agrícolas millonarias y una infraestructura severamente golpeada, reabriendo heridas históricas en comunidades que han denunciado durante décadas los impactos de la represa Urrá sobre su territorio, su economía y su relación ancestral con el río. Para muchos habitantes del bajo Sinú, la emergencia actual no es solo producto de las lluvias, sino la consecuencia de una intervención que modificó de manera irreversible el equilibrio natural de la cuenca.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional anunció que solicitará evaluaciones a las autoridades competentes para establecer posibles responsabilidades y ajustar los protocolos de operación de los embalses. La medida busca reducir riesgos y prevenir nuevas emergencias, pero también plantea un desafío político y técnico: revisar decisiones del pasado sin desconocer la complejidad del sistema energético ni las obligaciones actuales del Estado.
El debate que abre el presidente no es menor. Cuestionar la pertinencia de Urrá implica revisar el modelo de desarrollo que ha guiado al país durante décadas y asumir que algunas obras, concebidas como símbolo de progreso, también han generado profundas deudas ambientales y sociales. En medio de la emergencia, la discusión deja una pregunta de fondo: ¿está Colombia preparada para replantear su relación con los ríos y poner la gestión del agua al servicio de la vida y no solo del mercado?
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