Fiscalía imputará cargos por presunta falsificación de títulos académicos que salpica aspiración al Gobierno
La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que ha despertado amplio interés público por su impacto político, institucional y académico. La decisión, confirmada por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la obtención de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable otorgados por la Fundación de Educación Superior San José.
De acuerdo con el ente acusador, las anomalías no se limitan a la actuación individual de Guerrero. En el mismo proceso será imputado Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la institución educativa, por los mismos delitos. La Fiscalía radicó ante la Judicatura la solicitud formal de imputación y anunció que pedirá medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, petición que deberá ser sustentada ante un juez de control de garantías.
El caso adquirió relevancia nacional cuando Guerrero fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes. Fue en ese contexto que surgieron cuestionamientos sobre su hoja de vida, planteados inicialmente por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien alertó sobre posibles inconsistencias académicas. Entre los puntos señalados estuvo la ausencia de resultados en la prueba Saber Pro, examen obligatorio para la obtención de títulos profesionales en Colombia.
Las dudas se confirmaron posteriormente cuando el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) certificó que Juliana Guerrero no presentó la prueba Saber Pro, requisito indispensable para graduarse como profesional universitario. Este hallazgo se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación penal, al sugerir que los títulos habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Las consecuencias institucionales no tardaron en aparecer. La Fundación de Educación Superior San José anuló los títulos cuestionados y destituyó a su secretario general, mientras que el Ministerio de Educación abrió una investigación administrativa para establecer responsabilidades y posibles fallas en los mecanismos de control y supervisión. A estas actuaciones se sumó la Procuraduría General de la Nación, que solicitó información detallada sobre las medidas correctivas adoptadas por la institución educativa.
El caso tomó un giro adicional cuando se conoció que existirían presuntos pagos para la expedición de los títulos académicos. Según reveló la congresista Pedraza, estos pagos estarían respaldados por facturas validadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un elemento que refuerza la hipótesis de una actuación concertada para obtener documentos públicos con información falsa.
Más allá de las responsabilidades individuales que deberán ser definidas en sede judicial, el proceso ha reabierto el debate sobre la fragilidad de los controles en el sistema de educación superior y la facilidad con la que, presuntamente, se pueden vulnerar los requisitos académicos para acceder a títulos profesionales. También ha puesto bajo la lupa los filtros aplicados en los procesos de selección para cargos públicos de alto nivel, donde la verificación de credenciales resulta fundamental para garantizar transparencia y confianza ciudadana.
Mientras avanza el proceso penal y se surten las audiencias correspondientes, el caso de Juliana Guerrero se consolida como un episodio emblemático sobre la relación entre mérito, legalidad y acceso al poder público. La decisión final de los jueces no solo definirá la suerte judicial de los implicados, sino que marcará un precedente clave frente a la falsificación de títulos y la responsabilidad de las instituciones educativas en la expedición de documentos oficiales.
#CANAL CORDOBA
