Petro denuncia presunto “robo” en URRÁ y cuestiona independencia judicial en medio de la emergencia
El Consejo de Ministros realizado en Córdoba, convocado inicialmente para coordinar la respuesta del Gobierno frente a la emergencia invernal, tomó un giro inesperado cuando el presidente Gustavo Petro lanzó una denuncia pública sobre presuntas irregularidades en la hidroeléctrica URRÁ. Sus declaraciones, directas y sin matices, abrieron un nuevo frente de controversia política y jurídica a nivel nacional.
“Hay un robo en URRÁ y De la Espriella está metido en ese pastel”, afirmó el mandatario, señalando lo que, según él, sería un entramado de intereses que debe ser investigado a fondo por las autoridades competentes. La acusación no se quedó en el plano administrativo: Petro fue más allá al sugerir posibles vínculos políticos que podrían comprometer la transparencia del proceso judicial.
En uno de los apartes más polémicos de su intervención, el presidente cuestionó abiertamente la independencia de la justicia al plantear una eventual relación entre el abogado Abelardo De la Espriella y el esposo de la fiscal general de la Nación. “Si hay una relación política (…) y De la Espriella está metido en este lío, pues son sus amigos; ¿entonces quién resuelve esto en la justicia?, ¿o vamos a engañar al pueblo?”, expresó, dejando en el aire una inquietud que trasciende el caso puntual de URRÁ.
Desde el punto de vista periodístico, las declaraciones del jefe de Estado colocan en el centro del debate dos asuntos sensibles: la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la confianza en la independencia institucional. URRÁ, como uno de los proyectos energéticos más importantes del Caribe colombiano, ha estado históricamente rodeado de debates ambientales, sociales y financieros. Cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades en su administración tiene implicaciones económicas y políticas de gran alcance.
Sin embargo, el tono y el escenario escogidos para la denuncia también generan interrogantes. El Consejo de Ministros en Córdoba estaba enfocado en la crisis invernal, lo que hace que la acusación adquiera un carácter político estratégico. Algunos sectores interpretan la intervención presidencial como un acto de control político legítimo, mientras otros advierten sobre el riesgo de que afirmaciones de esta magnitud, sin decisiones judiciales previas, tensionen la relación entre ramas del poder público.
El señalamiento sobre la posible cercanía entre actores políticos y judiciales añade un componente delicado. En un Estado de derecho, la independencia de la justicia es pilar fundamental. Ponerla en duda desde la Presidencia puede leerse como una exigencia de transparencia, pero también como un elemento que incrementa la polarización institucional.
Lo cierto es que la gravedad de las afirmaciones obliga a que las autoridades competentes actúen con celeridad y rigor. Si existen pruebas de irregularidades en URRÁ, corresponde a los entes de control y a la Fiscalía adelantar las investigaciones con plena publicidad y garantías procesales. De lo contrario, el país podría enfrentar un escenario donde la denuncia política quede suspendida en el terreno de la confrontación discursiva.
El episodio demuestra que, incluso en medio de una emergencia climática, el debate sobre la gestión de los recursos públicos y la confianza en la justicia sigue siendo un eje central de la agenda nacional. Más allá de la controversia inmediata, el desenlace del caso URRÁ será determinante para medir la solidez institucional y la capacidad del Estado de responder con transparencia ante cuestionamientos que afectan el interés público.
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