Gobierno alista impuesto al patrimonio empresarial para financiar reconstrucción en Córdoba
La magnitud de las inundaciones en Córdoba no solo ha dejado un saldo de afectaciones humanas y materiales, sino que abrió un nuevo capítulo en la política fiscal del país. Durante el consejo de ministros realizado en Montería el 10 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el plan integral de recuperación tendría un costo cercano a los 8 billones de pesos. Para cubrir ese monto, el Gobierno evalúa declarar una nueva emergencia económica que permita crear un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas.
La propuesta, según explicó la cartera económica, estaría diseñada bajo un esquema progresivo. No se aplicaría a pequeñas y medianas empresas, sino a compañías con patrimonios líquidos superiores a 200 mil UVT —equivalentes a aproximadamente 10.400 millones de pesos—. En ese primer rango y hasta los 600 mil UVT (cerca de 31.424 millones de pesos), la tarifa sería del 0,6 %. Para patrimonios superiores a ese umbral, el gravamen ascendería al 1,2 %. El universo estimado de contribuyentes rondaría las 15 mil empresas en todo el país.
Desde el Ejecutivo, el argumento es claro: la reconstrucción de infraestructura, vivienda, vías y sistemas productivos requiere recursos extraordinarios y de rápida consecución. En un contexto donde la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido en diciembre para cubrir un faltante presupuestal de 16,3 billones de pesos, el margen fiscal es estrecho y las alternativas se reducen.
El debate, sin embargo, trasciende el monto y la urgencia. Declarar una nueva emergencia económica implica activar mecanismos excepcionales que deben superar el control estricto de la Corte Constitucional. La jurisprudencia exige demostrar la conexidad directa entre la crisis y las medidas adoptadas, así como su carácter temporal y proporcional. En ese sentido, el Gobierno deberá sustentar que el impuesto al patrimonio empresarial es indispensable y no sustituible por vías ordinarias.
En el plano económico, la iniciativa plantea tensiones previsibles. Para el Ejecutivo, se trata de una contribución solidaria de los actores con mayor capacidad financiera frente a una catástrofe que afecta a miles de familias vulnerables. Para algunos gremios, en cambio, podría interpretarse como una señal que impacta la confianza inversionista y la estabilidad tributaria, especialmente en un entorno donde las reglas fiscales han sido objeto de ajustes recientes.
La experiencia colombiana con impuestos al patrimonio muestra que suelen concebirse como temporales, aunque en la práctica han tenido varias reediciones. El reto radica en garantizar que el gravamen no desincentive la inversión ni afecte la generación de empleo, al tiempo que cumple su propósito recaudatorio sin generar litigios prolongados.
El trasfondo institucional añade un componente político relevante. La propuesta surge apenas una semana después de la suspensión del decreto anterior por parte de la Corte Constitucional, lo que configura un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el alto tribunal. Cualquier nuevo decreto será examinado con lupa, no solo por su impacto económico, sino por su ajuste al marco constitucional.
Más allá de la controversia, el hecho es que Córdoba enfrenta una emergencia real y costosa. La reconstrucción demandará decisiones rápidas y recursos sustanciales. La pregunta que ahora domina el debate público es si el camino de un impuesto al patrimonio empresarial bajo estado de excepción es la vía más eficaz y legítima para responder a la crisis, o si debería privilegiarse una discusión legislativa ordinaria que permita mayor deliberación.
El desenlace definirá no solo la financiación de la recuperación en Córdoba, sino también el tono de la política fiscal en un año marcado por presiones presupuestales y desafíos económicos. En juego no está únicamente un tributo, sino la forma en que el Estado equilibra urgencia, legalidad y estabilidad económica en medio de una catástrofe.
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