Colombia

Contratos en RTVC bajo escrutinio: Gobierno niega millonaria adjudicación y defiende esquema de servicios profesionales

Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional tras la publicación de la Revista Semana, que denunció la existencia de presuntos contratos por cerca de 23 mil millones de pesos vinculados a RTVC para servicios de producción audiovisual, en los que aparecerían como terceros beneficiarios un fotógrafo y un maquillador cercanos a la primera dama, Verónica Alcocer. La información desató cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y el posible uso de esquemas contractuales indirectos.

Según la publicación, los contratos se habrían canalizado a través de una cooperativa bajo el modelo de economía solidaria, lo que, en teoría, podría dificultar la trazabilidad directa de los beneficiarios finales. La cifra mencionada —23 mil millones de pesos— generó impacto inmediato en la opinión pública, al tratarse de recursos provenientes del presupuesto estatal destinados a comunicaciones institucionales.

La reacción del Ejecutivo fue categórica. El presidente Gustavo Petro negó que exista un contrato por ese monto a favor de las personas señaladas y calificó la información como falsa. Sostuvo que se trata de contratos normales de prestación de servicios profesionales dentro del esquema habitual de RTVC para cubrir las actividades oficiales de la Presidencia. La defensa presidencial apunta a diferenciar entre el monto global de convenios interadministrativos y los honorarios individuales de los contratistas.

Desde la Casa de Nariño se explicó que los contratos interadministrativos con RTVC responden a necesidades operativas de comunicación y divulgación institucional, identificadas por la Secretaría de Comunicaciones y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según el pronunciamiento oficial, Mauricio Vélez tendría un contrato mensual de 25 millones de pesos como director audiovisual y coordinador del equipo fotográfico, mientras que Fady Flórez contaría con uno de 10 millones de pesos como asesor de imagen. Ambas cifras, argumenta la Presidencia, distan sustancialmente del monto global mencionado por el medio.

El debate, sin embargo, trasciende la aritmética contractual. La discusión pública gira en torno a dos ejes fundamentales: la transparencia en los esquemas de contratación indirecta y la percepción de posibles conflictos de interés cuando se trata de personas cercanas al entorno presidencial. Aunque la contratación interadministrativa es una figura legal en Colombia, su uso reiterado y la participación de cooperativas o terceros puede generar dudas si no existe claridad absoluta en la trazabilidad de los recursos.

En términos institucionales, el caso pone a prueba la confianza en los mecanismos de control y en la rendición de cuentas. Si bien el Gobierno ha defendido la legalidad y normalidad de los contratos, el deber periodístico y ciudadano exige verificar no solo la inexistencia del monto señalado, sino también la estructura completa de los convenios y su ejecución presupuestal.

La controversia ocurre en un contexto político sensible, marcado por debates sobre austeridad y manejo del gasto público. En ese escenario, cualquier cifra millonaria vinculada a la Presidencia adquiere una dimensión simbólica que supera el ámbito administrativo. La narrativa oficial insiste en que los contratos cumplen con requisitos legales y que los contratistas han presentado los informes correspondientes. No obstante, el escrutinio público continuará mientras no se disipen todas las dudas.

En definitiva, más allá de la confrontación entre Gobierno y medio de comunicación, el episodio reabre una discusión recurrente en Colombia: la necesidad de fortalecer la transparencia en la contratación estatal, especialmente cuando involucra recursos significativos y figuras cercanas al poder. La claridad documental, la publicación detallada de los contratos y la supervisión de los organismos de control serán determinantes para cerrar el debate con hechos verificables y no solo con declaraciones.

#CANAL CORDOBA

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