Córdoba bajo el agua: respuesta oficial avanza, pero la emergencia exige más que ayudas temporales
Las lluvias que desde el pasado 1 de febrero azotan al departamento de Córdoba no solo han puesto a prueba la capacidad institucional de reacción, sino que también han evidenciado la vulnerabilidad estructural de amplias zonas ribereñas y rurales frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos. El incremento sostenido de los niveles de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete desencadenó una emergencia invernal que mantiene en alerta a múltiples municipios y obligó a la activación inmediata del Puesto de Mando Unificado (PMU) como eje de coordinación interinstitucional.
La instalación del PMU marcó el inicio de una respuesta articulada entre la Gobernación de Córdoba, alcaldías municipales, organismos de socorro y fuerza pública, con el propósito de centralizar la información, priorizar intervenciones y optimizar la distribución de recursos. Sin embargo, más allá de la logística desplegada, la magnitud de la contingencia plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las medidas adoptadas y la preparación histórica del territorio frente a eventos recurrentes.
Desde el Centro de Convenciones de Montería se habilitó un punto estratégico de acopio que ha permitido la distribución de más de 22.500 ayudas humanitarias. Los kits entregados —que incluyen alimentos, elementos de aseo, agua potable, bienestarina, colchonetas, frazadas, hamacas y raciones de comida preparada— representan un alivio inmediato para miles de familias que hoy enfrentan pérdidas materiales, aislamiento y riesgo sanitario.
Los municipios de Ayapel, Cereté, Lorica, Tierralta, Puerto Libertador, San Pelayo y Valencia figuran entre los más impactados, con sectores urbanos y rurales que permanecen incomunicados o con acceso restringido. La entrega de ayudas por vía terrestre, fluvial e incluso aérea refleja la complejidad geográfica del departamento y la necesidad de una operación logística de alto alcance.
El gobernador Erasmo Zuleta, acompañado por la gestora social Valeria Vega, ha liderado jornadas en territorio, enviando un mensaje de presencia institucional en medio de la adversidad. No obstante, la emergencia obliga a ir más allá del gesto político y del suministro de asistencia básica. La recurrencia de inundaciones en zonas cercanas a los principales afluentes del departamento expone la urgencia de revisar planes de ordenamiento territorial, sistemas de drenaje, obras de mitigación y estrategias de adaptación al cambio climático.
La atención humanitaria es, sin duda, la prioridad inmediata. Pero el impacto social de la temporada invernal no se limita a la pérdida de enseres o cultivos. Las inundaciones interrumpen ciclos escolares, paralizan actividades productivas, afectan la salud pública y profundizan la desigualdad en comunidades que ya enfrentan condiciones de precariedad estructural. En este contexto, la coordinación institucional debe complementarse con una hoja de ruta clara para la recuperación y la prevención.
Expertos en gestión del riesgo coinciden en que cada temporada invernal no atendida de manera estructural se convierte en antesala de una crisis mayor. Córdoba, atravesada por importantes cuencas hidrográficas, requiere inversiones sostenidas en infraestructura hidráulica, mantenimiento de jarillones, recuperación ambiental de zonas de amortiguación y educación comunitaria en prevención.
La anunciada entrega masiva adicional de ayudas esta semana refuerza el compromiso departamental, pero también evidencia que la emergencia continúa en expansión. La verdadera medida del éxito no estará únicamente en el número de kits distribuidos, sino en la capacidad de reducir la vulnerabilidad futura.
Mientras el agua sigue marcando el ritmo de la crisis, la respuesta oficial se mantiene en marcha. El desafío, sin embargo, es convertir la reacción en planificación y la asistencia en resiliencia. Solo así Córdoba podrá enfrentar próximas temporadas invernales con menor exposición al desastre y mayor fortaleza institucional.
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