Mesa de Concertación defiende aumento del 23,7 % del salario mínimo y busca blindarlo con decreto transitorio
La discusión en torno al salario mínimo para 2026 entró en una fase decisiva tras la suspensión provisional del decreto que fijaba un incremento del 23,7 %. Lejos de abrir la puerta a una revisión del ajuste, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales cerró filas este lunes en defensa del aumento, en una reunión que contó con la participación del Ministerio del Trabajo y representantes empresariales y sindicales.
El encuentro tuvo como propósito definir los lineamientos de un decreto transitorio que permita acatar el auto del Consejo de Estado sin alterar el porcentaje de incremento ya establecido. La postura mayoritaria fue clara: modificar el aumento sería, según los asistentes, un mensaje de inestabilidad para el mercado laboral y para la economía en general.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que existe coincidencia entre empresarios y centrales sindicales sobre la inconveniencia de expedir una nueva norma que reduzca o altere el ajuste. En su declaración, sostuvo que cambiar el incremento “sería equivocado”, pues podría generar incertidumbre jurídica y afectar la confianza tanto de trabajadores como de empleadores.
En la misma línea, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el aumento bajo el principio constitucional de un salario mínimo “vital y móvil”. Según el funcionario, el ajuste constituye un paso hacia un pacto social orientado a reducir brechas de desigualdad y fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.
El trasfondo jurídico del debate no es menor. La suspensión provisional del decreto obliga al Gobierno a actuar con cautela normativa, pero no implica necesariamente desmontar el incremento. De ahí que la fórmula del decreto transitorio busque cumplir con la orden judicial mientras se defiende el fondo de la decisión en las instancias correspondientes.
Más allá del pulso legal, el debate tiene profundas implicaciones económicas. Un aumento del 23,7 % representa un ajuste significativo en el ingreso base de millones de trabajadores formales, con impacto directo en el consumo interno. Sin embargo, también implica mayores costos laborales para las empresas, especialmente para pequeñas y medianas unidades productivas que operan con márgenes estrechos.
La coincidencia entre gremios empresariales y centrales obreras en mantener el incremento resulta, en este contexto, un hecho político relevante. Tradicionalmente, la fijación del salario mínimo ha sido escenario de tensiones y desacuerdos. El respaldo conjunto sugiere una lectura compartida sobre la necesidad de estabilidad en un momento económico aún marcado por desafíos fiscales y presiones inflacionarias recientes.
No obstante, la sostenibilidad del ajuste dependerá de variables adicionales: productividad, inflación proyectada, comportamiento del empleo y capacidad de las empresas para absorber el impacto sin trasladarlo a precios o recortes de personal. La defensa del salario vital como derecho constitucional debe armonizarse con la viabilidad económica del tejido productivo.
La decisión de mantener el 23,7 % como referencia envía una señal de coherencia institucional, pero también abre un debate de fondo sobre el modelo de concertación laboral en el país. Si el consenso se consolida y el decreto transitorio logra ofrecer seguridad jurídica, el episodio podría fortalecer el mecanismo tripartito como herramienta para resolver tensiones estructurales.
Por ahora, el mensaje de la Mesa de Concertación es inequívoco: el aumento no debe retroceder. La discusión continuará en el ámbito judicial y económico, pero el Gobierno y los actores sociales han optado por priorizar la estabilidad y la defensa del ingreso de los trabajadores como eje central del debate.
#CANAL CORDOBA
