Once muertos en operativos marítimos de EE. UU.: ofensiva antidrogas reaviva debate sobre legalidad y uso de la fuerza
Tres ataques simultáneos ejecutados por fuerzas armadas de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas de narcotráfico en el océano Pacífico y el mar Caribe dejaron un saldo de 11 personas muertas, según informó el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado difundido en redes sociales. Los hechos ocurrieron la noche del lunes 16 de febrero y se enmarcan dentro de la ofensiva marítima que Washington adelanta desde septiembre de 2025 contra el tráfico de drogas en la región.
De acuerdo con el reporte oficial, dos de los operativos se concentraron en el Pacífico oriental, donde cuatro personas murieron en cada una de las embarcaciones interceptadas. En el Caribe, una tercera lancha fue alcanzada por los artefactos letales, dejando tres fallecidos adicionales. Las autoridades estadounidenses aseguraron que ninguna de sus unidades resultó herida durante las acciones.
El Comando Sur señaló que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y que eran operadas por “organizaciones terroristas designadas”. Las imágenes divulgadas por la entidad muestran el momento en que las lanchas son impactadas en alta mar, lo que evidencia la contundencia de los operativos.
Desde septiembre de 2025, Washington ha intensificado esta campaña con el argumento de frenar el flujo marítimo de drogas hacia Norteamérica. Según cifras oficiales, las operaciones han dejado al menos 135 personas muertas en distintos episodios. El Gobierno estadounidense sostiene que se trata de acciones legítimas dentro de su estrategia de seguridad hemisférica y lucha contra el crimen organizado transnacional.
No obstante, la estrategia ha generado un debate internacional creciente. Expertos en derechos humanos y analistas jurídicos cuestionan la proporcionalidad del uso de la fuerza y la transparencia en la verificación de los objetivos. La principal preocupación radica en si los ataques cumplen con estándares del derecho internacional humanitario y del derecho del mar, especialmente en lo relacionado con la identificación de amenazas y la posibilidad de capturas en lugar de acciones letales.
Desde una perspectiva periodística, el caso plantea interrogantes complejos. Por un lado, el narcotráfico marítimo constituye una amenaza real para la estabilidad regional y la seguridad internacional. Las rutas del Pacífico y el Caribe han sido históricamente corredores estratégicos para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Por otro, el recurso a bombardeos o ataques directos en alta mar, con saldo de muertos, introduce un elemento de militarización que podría tensar relaciones diplomáticas y generar cuestionamientos sobre soberanía.
Además, la ausencia de procesos judiciales posteriores —debido a que los presuntos implicados mueren en los operativos— impide que se esclarezcan responsabilidades individuales y que se garantice el debido proceso. Para críticos de la estrategia, esto abre la puerta a posibles ejecuciones extrajudiciales si no existen pruebas concluyentes que respalden la clasificación de las embarcaciones como objetivos legítimos.
El debate no es menor. América Latina ha sido históricamente escenario de operaciones antidrogas con participación estadounidense, pero la modalidad de ataques letales simultáneos en alta mar marca un punto de inflexión en la intensidad de la respuesta militar. La efectividad de estas acciones para reducir el tráfico ilícito aún está por demostrarse, mientras que sus implicaciones legales y humanitarias ya generan controversia.
La ofensiva marítima de Washington se consolida así como uno de los capítulos más polémicos de la lucha contemporánea contra el narcotráfico. Entre la seguridad y el respeto al derecho internacional, la línea es delgada y su definición podría marcar el rumbo de la cooperación regional en materia de combate a las economías ilícitas.
#CANAL CORDOBA
