Gobierno insiste en el 23,7 %: Petro reafirma el salario mínimo mientras el Consejo de Estado exige sustento técnico
El pulso institucional en torno al salario mínimo de 2026 abrió un nuevo capítulo esta semana. El presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto que mantiene intacto el incremento del 23,7 % definido en diciembre de 2025, pese a que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma inicial y exigió una fundamentación económica más detallada.
“El salario mínimo legal mensual vigente es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No echamos para atrás”, afirmó el mandatario al anunciar la firma del nuevo documento, que será remitido al alto tribunal en cumplimiento de la orden judicial. Con ello, el Gobierno busca sostener la decisión política mientras el máximo órgano de lo contencioso administrativo evalúa si el aumento cumple los criterios legales y constitucionales.
El llamado a una justificación técnica
La decisión del Consejo de Estado no anuló el incremento, pero sí suspendió de manera provisional el decreto inicial, argumentando la necesidad de una sustentación económica “detallada y verificable”. El tribunal fue explícito: el Gobierno debe explicar la valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada y el razonamiento que condujo a la cifra final.
Entre los factores que deben considerarse están la meta de inflación fijada por el Banco de la República para 2026, la productividad certificada por el DANE, el crecimiento del PIB de 2025, la inflación real del mismo año y la contribución de los salarios al ingreso nacional, además de principios constitucionales como la protección del trabajo y la función social de la empresa.
En otras palabras, el alto tribunal no cuestiona únicamente el porcentaje, sino la metodología. La exigencia apunta a que el incremento no se sustente solo en una decisión política o en la falta de concertación con empresarios, sino en una estructura técnica sólida que resista el control judicial.
Concertación y defensa política
Antes de la firma del nuevo decreto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lideró una reunión de concertación con representantes de trabajadores y empresarios. El resultado fue mantener el 23,7 % como aumento transitorio, a la espera de la revisión definitiva del Consejo de Estado.
Desde el Ejecutivo, el discurso ha sido claro: el salario mínimo no es un simple indicador macroeconómico, sino una herramienta de política social. Petro ha defendido que el impacto del salario en la inflación es marginal frente a factores como las tasas de interés y las dinámicas internacionales de precios. Además, ha advertido que reducir la capacidad de compra de los hogares en un contexto de desaceleración podría afectar la demanda interna y profundizar problemas sociales como el hambre y la desnutrición.
El debate, entonces, trasciende lo técnico y se instala en el terreno ideológico. Para el Gobierno, el incremento responde a la necesidad de fortalecer el ingreso de los trabajadores como motor de la economía. Para sectores empresariales y algunos analistas, el riesgo está en presiones inflacionarias, aumento de costos laborales y posibles efectos sobre el empleo formal.
Más que un decreto: un mensaje político
La firma del decreto se produjo en un acto público en la Plaza de Bolívar, donde el presidente también presentó el nuevo pasaporte colombiano, un gesto cargado de simbolismo. En medio del discurso, lanzó críticas indirectas a decisiones judiciales previas y defendió la soberanía administrativa del Ejecutivo.
El escenario dejó en evidencia que la discusión sobre el salario mínimo no es aislada. Se inscribe en un momento de tensiones institucionales en el que el Gobierno reivindica su margen de maniobra frente a los órganos de control y la rama judicial.
El fondo del debate
La controversia plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede el Ejecutivo definir el salario mínimo sin un acuerdo tripartito y sin una fundamentación económica exhaustiva? La Constitución y la ley establecen criterios claros, pero también reconocen la facultad del presidente de decretarlo cuando no hay consenso.
El Consejo de Estado ahora tiene la última palabra sobre la solidez técnica del nuevo documento. Si encuentra que la sustentación cumple con los estándares exigidos, el incremento quedará firme. Si no, el Gobierno podría verse obligado a replantear la cifra o la metodología.
Mientras tanto, millones de trabajadores permanecen atentos. El salario mínimo no es solo un dato en el Diario Oficial: es la base del ingreso de buena parte del país y un termómetro de la orientación económica del Gobierno. La decisión final marcará no solo el bolsillo de los colombianos en 2026, sino también el equilibrio entre política social y rigor técnico en la dirección de la economía nacional.
#CANAL CORDOBA
