Emergencia en Córdoba: Salvavidas Financiero para 40.000 Productores Ante Crisis Climática
En una respuesta urgente a la «anomalía climática» que golpea al norte del país, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha activado un robusto paquete de medidas para proteger a más de 40.000 productores en el departamento de Córdoba, cuyas tierras y animales han sido devastados por lluvias atípicas e inundaciones fuera de temporada.
La crisis, que ha puesto en jaque el 12,6% del PIB regional, motivó al Gobierno Nacional a declarar la Emergencia Económica, Social y Ecológica en la zona. La ministra Martha Carvajalino confirmó la firma de decretos extraordinarios destinados a evitar el colapso financiero del campo cordobés.
Las Medidas: Crédito y Alivio de Deuda
El plan de choque busca inyectar liquidez y frenar los embargos en las zonas rurales mediante tres ejes principales:
Reestructuración y Refinanciación: A través del Decreto 175 de 2026, se autoriza al Banco Agrario y otras entidades financieras a renegociar las deudas de los campesinos afectados. Esto incluye la normalización de cartera para quienes ya presentan moras debido a la pérdida de sus cosechas.
Programa «Factor Externo»: El Banco Agrario activó prórrogas automáticas de hasta 180 días en las cuotas de créditos con vencimiento entre enero y junio de este año, permitiendo que el flujo de caja se destine a la recuperación productiva.
Nuevas Líneas de Crédito de Fomento: Se habilitarán recursos frescos con tasas subsidiadas para que los productores puedan iniciar nuevos ciclos de siembra una vez bajen los niveles del agua.
Un Panorama Devastador
Las cifras consolidadas al cierre de febrero dibujan un escenario crítico para el sector agropecuario de Córdoba:
Pérdidas Ganaderas: Más de 2.200 reses muertas y cerca de 450.000 animales afectados por la falta de pastos y problemas sanitarios.
Cultivos bajo el agua: Aproximadamente 145.000 hectáreas comprometidas, principalmente de maíz, yuca y plátano, lo que amenaza la seguridad alimentaria regional.
Impacto Social: Se estima que cerca de 32.000 empleos rurales están en riesgo si no se logra una reactivación pronta.
«Nuestra prioridad es que el campesino no pierda su patrimonio por un evento climático que no puede controlar. Estos decretos son herramientas para devolver la dignidad y la capacidad de producir», afirmó la ministra Carvajalino.
