El miedo que gobierna: crisis humanitaria y abandono estatal en el sur de Bolívar y Magdalena Medio
La reciente alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la situación en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio revela una realidad alarmante: el miedo se ha convertido en una forma de control social. Las palabras de Iris Marín Ortiz, quien describió un “temor paralizante” en estas regiones, no solo evidencian la gravedad del contexto de seguridad, sino también la profunda crisis institucional que enfrentan estas comunidades históricamente vulneradas.
La presencia simultánea de actores armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y las disidencias asociadas a “Calarcá” ha configurado un escenario de disputa territorial que se traduce en violencia sistemática contra la población civil. Esta dinámica no es nueva en Colombia, pero su persistencia demuestra la incapacidad del Estado para consolidar el control territorial y garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Sin embargo, reducir el problema a un asunto de orden público sería simplificar en exceso una realidad mucho más compleja. Como lo señaló la Defensoría del Pueblo, las comunidades no solo enfrentan amenazas directas contra su vida, sino también múltiples barreras en el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y los servicios públicos. Esta combinación de violencia armada y abandono estatal crea un círculo vicioso en el que la pobreza y la inseguridad se refuerzan mutuamente.
El aumento de homicidios —con al menos 40 casos registrados en 2025 y 18 en lo corrido de 2026— es una manifestación tangible de esta crisis. No obstante, detrás de estas cifras hay historias de líderes sociales silenciados, familias desplazadas y comunidades enteras sometidas a la ley del miedo. La violencia no solo elimina vidas, sino que también destruye el tejido social y limita la capacidad de organización y resistencia de la población.
En este contexto, el papel del Estado resulta determinante. La visita de Iris Marín Ortiz y su llamado urgente a adoptar medidas inmediatas evidencian la necesidad de una respuesta integral. No basta con el despliegue de fuerza pública; se requiere una estrategia que combine seguridad, inversión social y fortalecimiento institucional. De lo contrario, cualquier intervención será insuficiente y temporal.
Asimismo, es fundamental reconocer el valor de las voces comunitarias. Los líderes y lideresas sociales que participaron en los encuentros con la Defensoría del Pueblo representan una fuente clave de información y resistencia, pero también son uno de los sectores más expuestos a la violencia. Protegerlos no solo es una obligación ética, sino una condición necesaria para avanzar hacia la construcción de paz en estos territorios.
En conclusión, lo que ocurre en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de problemas estructurales que Colombia aún no ha logrado resolver. El “temor paralizante” descrito por la Defensoría del Pueblo es, en realidad, la expresión más cruda de la ausencia del Estado. Superar esta situación exige algo más que declaraciones: requiere voluntad política, acciones sostenidas y un compromiso real con la dignidad y los derechos de las comunidades que hoy viven bajo la sombra de la violencia.
#CANAL CORDOBA
