Salida del viceministro de Igualdad por denuncia de acoso reabre debate sobre ética y poder en el Estado
La salida de Acxan Duque del viceministerio de Igualdad no fue una renuncia voluntaria, como inicialmente se afirmó, sino una decisión directa del Ministerio de Igualdad y Equidad en medio de una denuncia por presunto acoso sexual. Así lo confirmó el ministro Alfredo Acosta, quien explicó que la medida busca garantizar el avance de las investigaciones y la protección de la presunta víctima.
El caso, que ha generado controversia en la esfera pública, se originó tras una denuncia divulgada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien señaló que el entonces viceministro habría enviado una imagen íntima a una funcionaria sin su consentimiento. Aunque Duque reconoció el envío, argumentó que se trató de un error y que la imagen estaba dirigida a otra persona, una explicación que, lejos de cerrar el debate, ha intensificado las preguntas sobre responsabilidad y conducta en el ejercicio del poder público.
La decisión del Ministerio de apartarlo del cargo marca un punto relevante en la gestión de este tipo de denuncias dentro del Estado. Más allá de determinar responsabilidades penales o disciplinarias —proceso que aún está en curso—, la medida responde a la necesidad de evitar interferencias en la investigación y de enviar un mensaje institucional sobre la importancia de garantizar entornos laborales seguros.
Sin embargo, el caso también pone en evidencia las tensiones entre lo político y lo ético. El propio Duque sostuvo que su salida buscaba evitar que la situación se utilizara como argumento para frenar iniciativas legislativas en curso. Esta afirmación introduce un elemento complejo: la posibilidad de que denuncias de esta naturaleza se entrelacen con disputas políticas, lo que puede desviar la atención del eje central, que es la protección de la víctima y el esclarecimiento de los hechos.
Desde una perspectiva más amplia, el episodio refleja un cambio en la forma en que las instituciones abordan denuncias de acoso. Durante años, estos casos tendían a ser minimizados o tratados con lentitud, lo que desincentivaba a las víctimas a denunciar. Hoy, la respuesta —aunque no exenta de controversia— muestra una mayor disposición a actuar de manera preventiva, incluso antes de que concluyan las investigaciones.
No obstante, el desafío sigue siendo garantizar el equilibrio entre la presunción de inocencia y la protección efectiva de quienes denuncian. La actuación del Ministerio, al separar al funcionario mientras se adelantan las indagaciones, se inscribe en esa lógica preventiva, aunque también abre el debate sobre los límites y alcances de estas decisiones administrativas.
El caso de Acxan Duque no es aislado, sino parte de una discusión más amplia sobre los estándares de comportamiento en el sector público. En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones es frágil, la forma en que se gestionan estas situaciones resulta determinante para fortalecer o debilitar la legitimidad del Estado.
En última instancia, lo que está en juego no es solo el futuro de un funcionario, sino la capacidad institucional para responder con transparencia, rigor y sensibilidad ante denuncias de acoso. La resolución de este caso será clave no solo para las partes involucradas, sino también para definir un precedente sobre cómo el poder público enfrenta conductas que vulneran la dignidad en el entorno laboral.
#CANAL CORDOBA
