Choque por la carne: propuesta de prohibir exportaciones desata pulso entre el Gobierno y el sector ganadero
La propuesta del presidente Gustavo Petro de prohibir las exportaciones de carne bovina abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario, evidenciando profundas diferencias sobre cómo enfrentar el alza en los precios de los alimentos y el equilibrio entre mercado interno y comercio exterior.
Desde la Casa de Nariño, el argumento central del Ejecutivo apunta a una supuesta escasez de excedentes y a la presión que la demanda internacional estaría ejerciendo sobre los precios locales. Sin embargo, esta lectura ha sido ampliamente cuestionada por gremios como la Fedegán, que consideran la medida no solo equivocada, sino potencialmente perjudicial para la sostenibilidad del sector.
El debate no es menor. Colombia cuenta con un inventario bovino cercano a los 29 millones de cabezas, mientras que las exportaciones representan apenas una fracción —alrededor del 1,4 %— del total. Para los expertos, este dato es clave: el volumen exportado resulta insuficiente para incidir de manera determinante en los precios internos, lo que debilita el argumento de que restringir las ventas externas tendría un efecto inmediato sobre la inflación.
A esto se suma un elemento estructural: la baja tasa de extracción ganadera en el país, cercana al 14 %, muy por debajo de referentes regionales como Brasil o Argentina. Esta diferencia sugiere que el problema no radica en la falta de oferta, sino en limitaciones productivas, logísticas y de eficiencia dentro de la cadena cárnica.
Desde las regiones, el rechazo ha sido aún más contundente. En departamentos como Córdoba, donde la ganadería es eje de la economía, la medida es vista como una amenaza directa. Factores como las recientes inundaciones ya han afectado la productividad y la movilidad del ganado, por lo que cerrar mercados internacionales podría agravar la situación de miles de productores.
En el plano político, voces como la del senador Marcos Daniel Pineda han advertido que responsabilizar a las exportaciones por el alza de precios equivale a estigmatizar a un sector que ha invertido años en abrir mercados internacionales. Este señalamiento refleja una preocupación más amplia: el riesgo de adoptar decisiones que, en lugar de resolver el problema, generen distorsiones adicionales.
La experiencia internacional refuerza estas advertencias. Casos como el de Argentina han demostrado que las restricciones a las exportaciones no necesariamente reducen los precios internos y, en muchos casos, terminan desincentivando la producción, afectando la inversión y provocando desequilibrios en el mercado.
En este contexto, la discusión trasciende la coyuntura inflacionaria. Se trata de definir qué modelo económico quiere seguir el país: uno orientado al cierre de mercados para proteger el consumo interno, o uno que busque fortalecer la producción y la competitividad sin sacrificar la inserción internacional.
El reto para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre garantizar el acceso a alimentos a precios razonables y mantener la confianza de un sector clave para la economía nacional. Las decisiones que se tomen no solo impactarán el precio de la carne en el corto plazo, sino también el futuro de la ganadería colombiana.
En medio de este pulso, queda claro que las soluciones simplistas difícilmente resolverán un problema complejo. La inflación alimentaria responde a múltiples factores, y reducirla a un solo elemento —como las exportaciones— puede llevar a decisiones que, lejos de aliviar la presión, terminen profundizando las tensiones del mercado.
#CANAL CORDOBA
