Alerta por posible El Niño extremo reabre el debate sobre la fragilidad hídrica y energética del país
Las advertencias del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad no solo activan las alarmas climáticas, sino que exponen, una vez más, las debilidades estructurales de Colombia frente a eventos extremos. La probabilidad del 62% de que este fenómeno se consolide a partir de mitad de año, con impactos comparables a los registrados entre 2015 y 2016, pone sobre la mesa una discusión que el país parece aplazar sistemáticamente: la falta de preparación real ante crisis ambientales previsibles.
Aunque el funcionario ha sido prudente al no confirmar escenarios de racionamiento, sus declaraciones dejan entrever un panorama complejo. Sequías prolongadas, aumento de temperaturas, disminución en los niveles de embalses y mayor riesgo de incendios forestales configuran un cóctel que amenaza tanto el abastecimiento de agua como la estabilidad del sistema energético. No se trata de una hipótesis lejana, sino de un patrón repetido que históricamente ha golpeado con fuerza a regiones como la Andina y la Caribe.
El problema, sin embargo, va más allá de la variabilidad climática. La vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas, particularmente la del río Bogotá, responde también a décadas de presión sobre los ecosistemas, expansión urbana desordenada y deficiente gestión del recurso hídrico. En ese contexto, fenómenos como El Niño no son el origen de la crisis, sino el detonante de fallas acumuladas.
Las cifras y antecedentes son claros. Durante episodios anteriores, el país enfrentó racionamientos de energía, restricciones de agua y pérdidas significativas en el sector agropecuario. Hoy, pese a contar con mayor información científica y modelos predictivos más precisos, la respuesta institucional sigue dependiendo de medidas reactivas más que de una planificación estructural.
El llamado de Ballesteros a activar planes de contingencia es, en esencia, una invitación a anticiparse. Sin embargo, la efectividad de estas acciones dependerá de la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y las empresas de servicios públicos. La experiencia demuestra que, sin una articulación sólida, las estrategias terminan diluyéndose en esfuerzos aislados que poco logran mitigar el impacto real.
A esto se suma un factor crítico: el comportamiento ciudadano. El uso ineficiente del agua, la deforestación y las prácticas que favorecen la ocurrencia de incendios agravan los efectos del fenómeno. La crisis hídrica no es únicamente institucional; también es cultural.
En paralelo, los proyectos anunciados por la CAR, como la ampliación del embalse Neusa o la recuperación de microcuencas, representan avances importantes, pero insuficientes frente a la magnitud del desafío. La seguridad hídrica del país exige inversiones sostenidas, planificación a largo plazo y decisiones que trasciendan los ciclos políticos.
En este escenario, el posible desarrollo de un El Niño extremo debería ser entendido como una oportunidad para replantear la gestión del agua y la energía en Colombia. No se trata solo de evitar racionamientos, sino de construir resiliencia frente a un contexto climático cada vez más incierto.
La pregunta no es si el fenómeno llegará con toda su intensidad, sino si el país estará preparado cuando lo haga. Porque, como ha ocurrido en el pasado, la verdadera crisis no la provoca el clima, sino la incapacidad de anticiparse a sus efectos.
#CANAL CORDOBA
