Crisis en los Diálogos: El Gobierno Nacional lanza fuerte advertencia tras ataques en Nariño
La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Paz con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) ha emitido un comunicado oficial de máxima urgencia, declarando que la negociación se encuentra en un estado altamente crítico debido a recientes acciones bélicas en el departamento de Nariño.
El Ataque: Drones contra la Fuerza Pública
El Gobierno condenó enfáticamente un ataque criminal en la zona rural del municipio de Ipiales, corregimiento de La Victoria, vereda La Exitoria. Según el reporte:
Tres soldados profesionales, identificados como Andrés Esteban Álvarez, Darwin Arnoldo Gómez y Brayan Steven Galíndez, perdieron la vida.
El ataque fue perpetrado mediante el uso de drones cargados de explosivos, una táctica que el Gobierno califica como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
Menores Afectados por Explosivos
La tensión aumenta tras denunciarse un segundo hecho en el municipio de Olaya Herrera, vereda La Laguna. El Gobierno expresó su repudio por un accidente donde cuatro niños resultaron gravemente heridos tras la detonación de un artefacto dejado en una zona donde los menores jugaban. Este hecho se atribuye al frente ‘Alfonso Cano’ de la estructura Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
Exigencias de la Mesa de Paz
El documento oficial es tajante en tres puntos principales:
Responsabilidad: Exige a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano un pronunciamiento urgente y veraz sobre su responsabilidad en estos hechos.
Violación de Acuerdos: El Gobierno señala que estos ataques representan un incumplimiento de los compromisos acordados en el 4° ciclo de negociaciones.
Ultimátum: Se advierte que no se puede mantener una mesa de negociación mientras el grupo armado mantiene acciones que contradicen lo pactado y golpean directamente a la población civil y a la fuerza pública.
«Mientras hablan de paz, siguen los ataques», reza el mensaje que resume el sentimiento de la delegación gubernamental ante la escalada de violencia en el suroccidente del país.
