El debate político nacional se intensifica tras las recientes declaraciones de Juan Daniel Oviedo, actual candidato vicepresidencial, quien manifestó su firme rechazo a la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en el país.
Oviedo, reconocido por su enfoque técnico, calificó la iniciativa como un acto “decepcionante e irresponsable”, señalando que, aunque la propuesta no le sorprende dado el contexto actual, representa un riesgo para la estabilidad institucional de Colombia.
Una crítica a la estabilidad institucional
Para el candidato, el llamado a modificar la Constitución de 1991 en la coyuntura actual es una maniobra que desvía la atención de los problemas técnicos y sociales que requieren soluciones inmediatas. Según Oviedo, este tipo de propuestas suelen aparecer cuando hay dificultades en el consenso político o la gobernabilidad.
«Es una noticia decepcionante e irresponsable, pero era de esperarse», afirmó Oviedo, sugiriendo que la Constituyente es un recurso previsible dentro de la narrativa del sector que la promueve.
Reacciones en el sector político
Las palabras de Juan Daniel Oviedo han generado eco en diversos sectores que ven con cautela cualquier intento de reformar la carta magna fuera de los mecanismos ordinarios del Congreso. Los puntos principales de su crítica se centran en:
Incertidumbre jurídica: El impacto negativo que un cambio constitucional podría tener en la confianza de los mercados y la inversión.
Prioridades nacionales: La urgencia de atender las crisis de seguridad y economía antes de entrar en un proceso de reforma estructural de largo aliento.
Gobernabilidad: El cuestionamiento sobre si la Constituyente busca realmente el bienestar social o es una herramienta para superar bloqueos legislativos.
Con esta postura, la campaña vicepresidencial de Oviedo marca una clara línea roja frente a las propuestas de reforma constitucional, posicionándose como una alternativa que prioriza la institucionalidad vigente y el orden técnico sobre los cambios drásticos en las reglas de juego del Estado.
