Gobierno expedita el Decreto 1525 para regular manifestaciones públicas previo a la gran marcha nacional
la gran marcha nacional convocada por los líderes políticos Gustavo Petro e Iván Cepeda, el presidente Abelardo De la Espriella hizo pública la firma del Decreto 1525. Esta normativa establece los parámetros y lineamientos bajo los cuales actuarán las autoridades de la fuerza pública durante las jornadas de protesta social en todo el territorio colombiano, enfocándose de manera especial en el control y la prevención de eventuales actos de violencia.
La medida administrativa entra en vigor en medio de un tenso clima de inconformidad promovido activamente por los sectores convocantes de la movilización. Dichos sectores manifiestan un rotundo rechazo hacia las decisiones regulatorias e institucionales adoptadas por el actual Gobierno nacional durante sus primeros dos meses de gestión. Según los organizadores de las protestas, las políticas vigentes generan impactos negativos en la estabilidad económica de la ciudadanía, la garantía de los derechos humanos, la preservación de la democracia y los avances sociales logrados en los últimos años.
Dentro de los principales puntos de conflicto que motivan esta jornada de movilización masiva se destaca el rechazo al denominado «estatuto antiterrorista». Líderes de la oposición y defensores de derechos sociales han expresado una profunda preocupación sobre los efectos que dicho ordenamiento legal podría tener sobre el ejercicio pleno de las libertades democráticas y la protección de los derechos fundamentales de la población.
En respuesta a estas inquietudes, el Decreto 1525 estipula con claridad que las autoridades deberán privilegiar siempre las vías del diálogo institucional y la mediación pacífica ante cualquier concentración o marcha. No obstante, el texto oficial precisa tajantemente que estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos no limitan ni impiden el uso legítimo de la fuerza e intervención de las autoridades cuando se identifiquen personas incurriendo en actos violentos o delictivos.
Finalmente, la normativa busca equilibrar la garantía constitucional al derecho a la protesta social pacífica con la imperiosa necesidad de salvaguardar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad de la infraestructura, tanto pública como privada, a lo largo de las jornadas de manifestación programadas.
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