Colombia trazará las líneas de base del archipiélago de San Andrés para delimitar formalmente sus fronteras marítimas
Durante su reciente visita oficial al departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Abelardo de la Espriella hizo un trascendental anuncio en materia de soberanía e integridad territorial. Desde la cubierta de un buque de la Armada Nacional, el jefe de Estado confirmó que el Gobierno trazará de manera definitiva las líneas de base del archipiélago, el punto de referencia geográfico a partir del cual una nación mide la extensión de su mar territorial y sus zonas jurisdiccionales.
El mandatario explicó el fundamento normativo e histórico de esta determinación, recordando que fue la Ley 10 del 4 de agosto de 1978 la que ordenó originalmente la delimitación técnica de dichas líneas en el territorio nacional. Sin embargo, mientras que en 1984 se fijaron formalmente las referencias correspondientes al territorio continental, la definición del espacio marítimo alrededor del archipiélago fue pospuesta indefinidamente. Cuarenta y ocho años después, el Ejecutivo se dispone a saldar esta deuda institucional con las islas.
En su intervención, el presidente aseguró que el archipiélago ocupará una prioridad de primer orden dentro de la política marítima y geopolítica del país. Apoyándose firmemente en el artículo 101 de la Constitución Política, en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y en las determinaciones de la Corte Internacional de Justicia, el jefe de Estado enfatizó que Colombia ejerce soberanía plena sobre cada una de las islas, cayos y arrecifes, reiterando que en dicho sector no existe «un solo metro en disputa».
La medida busca ratificar que cada formación insular genera de forma legítima un mar territorial de doce millas náuticas donde rige el mandato exclusivo de la República. Bajo este esquema jurídico y de control, ninguna embarcación o entidad extranjera podrá adelantar labores de pesca, exploración o investigación científica sin el previo consentimiento de las autoridades colombianas. Adicionalmente, el Ejecutivo manifestó su intención de impulsar acuerdos bilaterales preferentes con Estados soberanos de la región para consolidar de forma definitiva los asuntos pendientes.
A la par de estos anuncios en materia limítrofe, el Gobierno lanzó una severa advertencia contra las redes de piratería marítima que han venido afectando las actividades de la pesca artesanal en las islas. El presidente fue enfático al declarar que la Armada Nacional y la Fuerza Pública no tolerarán un acto más de delincuencia contra los pescadores nativos, garantizando un despliegue operativo integral para proteger la vida, los recursos y el sustento de las comunidades que históricamente han vivido del mar.
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